En los últimos dos meses se han presentado cerca de 100 desplazamientos individuales y existe un alto riesgo de reclutamiento forzado contra niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Defensoría del Pueblo pide acciones urgentes
Por: Redacción 360 Radio – Defensoría del Pueblo
Ante la creciente violencia desmedida en el Bajo Cauca Antioqueño y el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos y al DIH en contra de la población civil, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, les solicitó a las autoridades gubernamentales adelantar acciones urgentes.
El Defensor del Pueblo advirtió que “es urgente que el Gobierno tome acciones con enfoque de derechos humanos para detener esta violencia. También le solicito a las autoridades nacionales y locales tomar medidas para garantizar la seguridad de las comunidades de la región”.
A la Defensoría del Pueblo le preocupa la sevicia utilizada por los grupos armados delincuenciales que se disputan el control territorial. Según los reportes recogidos, en agosto se presentó la masacre de tres jóvenes, decapitaciones, asesinatos selectivos y desapariciones. Incluso, se conoce el caso de un joven que fue sacado del colegio y posteriormente fue encontrado muerto.
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A estos hechos se suma que desde el mes de agosto se han presentado más de 100 desplazamientos individuales y existe un alto riesgo de reclutamiento forzado contra niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.
“Existe un nuevo ciclo de degradación de la violencia en la región en la que los grupos armados delincuenciales buscan generar pánico en la población. En la actualidad los municipios más afectados son el Bagre y Caucasia, pero el conflicto puede escalar a Tarazá; Cáceres y Nechí”, señaló Carlos Camargo.
Desde 2018 la Defensoría del Pueblo ha emitido un total seis alertas tempranas para la región del Bajo Cauca. De estas, cinco han sido de inminencia y una estructural. En la actualidad se encuentra vigente la Alerta Temprana 045-2020 en la cual se advierte el riesgo para la población civil por las acciones de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo, Los Caparros, el ELN y las disidencias de las FARC.