La crisis financiera que atraviesa la Universidad de Antioquia (UdeA), no responde a problemas de gestión administrativa, sino a un desfinanciamiento estructural que se arrastra desde hace más de tres décadas y que afecta a todo el sistema universitario público del país.
Así lo evidencian los números. Solo en tres de las principales universidades estatales, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle, el pasivo pensional asciende a 8,3 billones de pesos.
Universidad de Antioquia: Desfinanciación estructural, pasivos pensionales y nuevas cargas sin recursos
En el caso de la UdeA, el desfinanciamiento acumulado en 2024 alcanzó los 150.000 millones de pesos, mientras que el déficit estructural se ubica entre 300.000 y 350.000 millones.
Para el cierre de 2024, el déficit presupuestal proyectado ronda los 420.000 millones y el faltante de liquidez se estima en 150.000 millones. Un crédito por 90.000 millones otorgado por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, con respaldo de la Gobernación, apenas logró cubrir cerca del 60 por ciento de las necesidades inmediatas de caja.
El origen del problema se remonta a la Ley 30 de 1992, que regula la financiación de las universidades públicas. Aunque la norma estableció que los aportes de la Nación crecerían al menos al ritmo del Índice de Precios al Consumidor, IPC, y que se sumaría un porcentaje del crecimiento real del Producto Interno Bruto, estos compromisos nunca se cumplieron en la práctica.
Desde entonces, la cobertura del sistema universitario estatal creció cerca de un 320 por ciento, al pasar de aproximadamente 155.000 estudiantes a más de 650.000 en la actualidad, sin que existiera un aumento real y proporcional de los recursos. El resultado, de acuerdo con estimaciones del Sistema Universitario Estatal, SUE, es una desfinanciación acumulada cercana a los 19 billones de pesos en todo el país.
A este rezago histórico se suman cargas adicionales impuestas por normas posteriores. El Decreto 1279 de 2002, que establece un régimen salarial docente basado en puntos de productividad académica, generó un aumento significativo de costos sin respaldo presupuestal de la Nación.
En la Universidad de Antioquia, el valor anual de estos puntos creció un 76 por ciento entre 2017 y 2024, al pasar de 10.364 millones a 18.239 millones de pesos, recursos que han debido ser asumidos por la propia institución.
Más recientemente, el Decreto 391 de 2025, orientado a la formalización laboral, representa una nueva presión financiera. El SUE estima que su implementación costaría cerca de 2,9 billones de pesos para el sistema universitario estatal, sin que hasta ahora se haya definido una fuente clara de financiación por parte del Gobierno Nacional.
El pasivo pensional es uno de los factores que más tensiona la liquidez de las universidades públicas. En la UdeA, como en otras instituciones, se han registrado retrasos en los giros de recursos de concurrencia entre la Nación, los departamentos y las universidades, así como cálculos actuariales desactualizados. La Contraloría General ya había advertido en 2024 sobre demoras de varios meses en estos pagos en distintas regiones del país.
Pese a este panorama, la respuesta del Ministerio de Educación ha sido la intensificación de mecanismos de inspección y vigilancia. Mediante la Resolución 016105 de 2025, la cartera designó un inspector permanente en la Universidad de Antioquia para supervisar su desempeño financiero, argumentando limitaciones en el control del gasto e insuficiencia de recursos.
Para distintos sectores académicos, esta medida no ataca las causas de fondo. Señalan que la inspección se centra en los síntomas de la crisis, mientras persiste la ausencia de una reforma estructural a la Ley 30 y de un aumento real en las transferencias que permita cubrir las obligaciones actuales del sistema.
Las cifras muestran que la UdeA no es un caso aislado, sino la consecuencia de un modelo de financiación que quedó rezagado frente al crecimiento de la cobertura, los costos reales de operación y las nuevas exigencias legales. Expertos y directivos universitarios coinciden en que, sin una reforma urgente de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 y sin nuevas fuentes de financiamiento estructural, la sostenibilidad de la educación superior pública seguirá en riesgo.
Mientras tanto, la presión sobre la liquidez continúa y las universidades enfrentan el desafío de mantener su funcionamiento con recursos diseñados para una realidad muy distinta a la actual.