La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático ha llevado el tema al ámbito legal al presentar una demanda de nulidad contra las recientes directrices emitidas por la Fiscalía General de la Nación. Esta acción surge en respuesta a la derogación de normativas anteriores, que, según Cabal, son esenciales para garantizar la seguridad y el orden público en el país.
La polémica comenzó la semana pasada, cuando la Fiscalía, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, hizo pública una nueva regulación que redefine cómo deben actuar las autoridades durante las manifestaciones. Estas directrices suprimen las medidas implementadas en junio de 2021 por el entonces fiscal Francisco Barbosa, que establecían protocolos más estrictos para la intervención de la Fuerza Pública en situaciones de disturbios.
La Senadora María Fernanda Cabal y la Controversia sobre las Directrices de la Fiscalía
La demanda de Cabal fue admitida el lunes por el Consejo de Estado, lo que marca un importante paso en el proceso legal. En su recurso, la senadora argumenta que los 31 puntos de la nueva directriz representan un debilitamiento significativo de la capacidad del Estado para enfrentar situaciones de violencia durante las protestas. “La directriz de la Fiscalía busca limitar la actuación de la Fuerza Pública y los fiscales frente a la violencia en las llamadas protestas». La garantía debe ser para los ciudadanos, no para los violentos”, expresó Cabal en un comunicado.
Las nuevas regulaciones han desatado un intenso debate en el país, con voces tanto a favor como en contra. Los críticos, encabezados por la senadora Cabal, sostienen que la regulación permite que se pase por alto la violencia que puede surgir en las protestas, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos y de las fuerzas del orden. «La efectividad de la Fuerza Pública debe prevalecer cuando las manifestaciones dejan de ser pacíficas». De lo contrario, estamos limitando la acción de la justicia en un contexto que ya es complicado», argumentó la senadora.
Entre los aspectos más destacados de la nueva normativa se encuentran cuatro capítulos que abordan temas como la protección de la protesta social pacífica, los límites al poder punitivo del Estado y la tipicidad estricta en actos delictivos relacionados con las manifestaciones. Este enfoque ha llevado a algunos sectores a cuestionar si las autoridades estarán equipadas para manejar situaciones de disturbio sin las herramientas necesarias.
La visión de la Fiscalía
Por su parte, la Fiscalía defiende sus nuevas directrices como un avance hacia un enfoque más humano y menos punitivo en el manejo de las protestas. Camargo ha enfatizado que los funcionarios deben actuar sin prejuicios y tratar las manifestaciones de manera equitativa, incluso si surgen actos delictivos que se atribuyen a «los ánimos del momento» y no a un plan premeditado.
Este enfoque ha sido interpretado por algunos como un intento de proteger los derechos de los manifestantes pacíficos, pero ha generado inquietud en aquellos que temen que esto puede facilitar la impunidad en actos de violencia.
El debate en torno a la demanda de Cabal y las nuevas directrices de la Fiscalía ha polarizado aún más a la opinión pública. Los defensores de los derechos humanos celebran la protección de la protesta social, mientras que los sectores más conservadores claman por un endurecimiento de las medidas frente a la violencia.
Con la demanda ya en curso, la decisión del Consejo de Estado tendrá un impacto significativo en cómo se regulan las protestas en el país. Si se declara la nulidad de la directriz, esto podría abrir la puerta a un retorno a los protocolos anteriores, lo que generaría nuevas discusiones sobre la eficacia de las medidas de control en situaciones de disturbios.
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