En la Sabana de Bogotá, esta madrugada, miles de trabajadores cortaron flores que en pocas horas volarán hacia Miami. Es temporada alta de exportación. Y desde la medianoche del jueves, cada tallo que cruce la frontera hacia Estados Unidos llega con un costo adicional que antes no tenía: un arancel del 12,5%, dos puntos y medio más que el que regía hasta ayer.
Washington explicó la decisión con un lenguaje técnico: Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una investigación de la Oficina del Representante Comercial que concluyó que Colombia no adoptó, ni aplicó de forma efectiva, medidas para impedir el ingreso de mercancías fabricadas con trabajo forzoso. La medida golpea a cerca de 60 países. No es un capricho de Donald Trump contra Colombia en particular. Pero lo que sí es enteramente colombiano, y enteramente evitable, es la razón concreta por la que Colombia terminó en esa lista.
El Ministerio de Comercio le pidió por escrito a la DIAN tener lista, antes del 6 de julio, la reglamentación necesaria para cumplir ese compromiso internacional. La carta existe. El plazo existe. Y la reglamentación, según reveló El Tiempo, no salió a tiempo. Dieciocho días después de ese vencimiento, el arancel entró en vigor.
Eso es lo que este editorial quiere que quede claro: Colombia no perdió una negociación diplomática. Perdió por inercia burocrática. Un decreto que no se firmó a tiempo en una oficina de Bogotá le está costando dinero, hoy, a un floricultor de Facatativá, a una confeccionista de Ibagué, a un empresario de manufacturas plásticas en Cali. Gente que no tuvo ni voz ni voto en esa demora administrativa paga la factura de ella.
Y la factura no es simbólica. Las flores representan cerca de un tercio de todo lo que este arancel afecta, según cálculos de analistas del sector. Analdex ya advirtió sobre el riesgo para el comercio exterior colombiano. El exministro de Agricultura Andrés Valencia lo llamó, sin rodeos, «una muy mala noticia» para los floricultores. Confecciones, plásticos y productos agroindustriales completan la lista de sectores gravados.
Quedan afuera café, banano, aguacate, petróleo, oro, carbón y medicamentos —los productos que Washington considera estratégicos o que Estados Unidos no puede sustituir fácilmente—, un alivio parcial que no borra el golpe a quienes sí quedaron adentro.
Aquí conviene ser claros sobre lo que este editorial defiende y lo que critica. Defendemos el comercio abierto, la propiedad privada y el derecho de un empresario colombiano a competir en el mercado que mejor le convenga sin que el Estado le ponga zancadillas innecesarias. No defendemos, bajo ninguna circunstancia, el trabajo forzoso, y si Colombia tiene vacíos reales en su capacidad de impedir que ese tipo de mercancías crucen sus fronteras, corregirlos no es una concesión a Washington: es una obligación con la dignidad humana que cualquier Estado de derecho debe asumir por convicción propia, no solo por presión externa.
Pero una cosa es discutir si la exigencia de Estados Unidos es justa, y otra muy distinta es que el país haya perdido esta partida por no radicar un papel a tiempo. Eso no es geopolítica. Es negligencia. Y es negligencia con consecuencias reales: empleos en el sector floricultor, uno de los que más mano de obra formal genera en la Sabana, hoy son menos competitivos por una firma que no llegó a un escritorio a tiempo.
El gobierno de Gustavo Petro, que sale del poder el 7 de agosto, deja este episodio como una de sus últimas huellas: no una confrontación ideológica con Washington, sino un trámite administrativo mal ejecutado en las últimas semanas de su mandato. Es un cierre que dice más de la calidad de la gestión pública de estos años que cualquier discurso.
Abelardo de la Espriella llega a la Presidencia el 7 de agosto con algo que su antecesor nunca tuvo: una relación personal cordial con Donald Trump, quien respaldó abiertamente su candidatura. Eso puede abrir una puerta para revisar el arancel. Pero esa puerta solo sirve si el nuevo gobierno hace lo que el anterior no hizo: cumplir de verdad, con reglamentación seria y verificable, los compromisos que Colombia adquirió contra el trabajo forzoso. La cercanía personal con un presidente extranjero no sustituye la tarea de gobernar bien. Si De la Espriella quiere revertir este arancel, tendrá que demostrarlo con normas que funcionen, no con la cordialidad de una llamada telefónica.
La lección de fondo, la que debería quedar resonando después de esta semana, es sencilla y por eso mismo incómoda: la competitividad de un país no se juega solamente en las mesas de negociación internacional. Se juega, todos los días, en si el Estado hace su tarea a tiempo. Un arancel impuesto por un gobierno extranjero es un hecho de la vida internacional con el que hay que lidiar. Un arancel provocado por la propia negligencia del Estado es una herida que Colombia se infligió a sí misma. Y esa es la que más debería doler.
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