Recientemente, se anunció un plan de modernización para el aeropuerto José María Córdova, con una inversión que supera los $164.000 millones y un tiempo de ejecución de 12 meses.
La intervención contempla 11 obras integrales con 15 mejoras en infraestructura, que incluyen áreas de check-in, plataformas de aviones, filtros de seguridad, nuevas salas de espera y un centro de conexiones, con el objetivo de elevar la capacidad operativa de 11 a 17 millones de pasajeros al año y mejorar la experiencia del usuario.
Entre las obras más destacadas se encuentra la construcción de una nueva sala de espera en el primer piso, que ampliará el área a 2.150 m² con seis puertas de embarque; la ampliación de 24 posiciones de check-in, pasando de 56 a 80; y la creación de una plataforma de parqueo de aviones con seis posiciones adicionales, que optimizará la operación.
Además, se realizarán reconfiguraciones en las zonas de inmigración y emigración, se construirá un nuevo edificio para el manejo de equipajes y se incorporará tecnología de control y manejo de maletas.
Sin embargo, estas medidas, presentadas como un “plan de choque”, dejan entrever una falta de visión estructural. Es evidente que la firma del Otrosí que permite estas intervenciones responde más a presiones políticas y mediáticas que a una planificación estratégica de infraestructura.
No debería ser necesario que concesionarios, congresistas o gobernaciones presionen para que el Estado cumpla con su obligación de invertir en infraestructura aeroportuaria. Este tipo de inversiones deben garantizarse independientemente del gobernador o alcalde de turno.
Además, la intervención propuesta es insuficiente frente a las verdaderas necesidades del aeropuerto. El José María Córdova requiere al menos una segunda pista y, en el largo plazo, debería contar con una tercera, pensando en un departamento visionario que aspire a transportar 25 a 30 millones de pasajeros al año. También es urgente la construcción de una nueva terminal con nuevos gates, fingers y posiciones de parqueo, algo que las actuales obras no contemplan.
Colocar unas casetas adicionales, luces o mejoras menores no soluciona el problema de fondo. El departamento seguirá estancado y con su aeropuerto colapsado, debido a la falta de planificación y a retrasos acumulados durante más de una década.
No se trata solo de responsabilidad del actual gobierno; aunque el presidente Gustavo Petro también tiene su cuota de culpa, gran parte de la inacción se remonta a administraciones anteriores que no lograron priorizar la modernización del aeropuerto.
En definitiva, estas intervenciones representan un parche temporal y limitado, mientras que las verdaderas soluciones requieren visión estratégica, inversiones de largo plazo y compromiso del Estado con la conectividad aérea de Antioquia.
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