Uno de los inmuebles más simbólicos del narcotráfico en Colombia cambió de dueño. La finca conocida como La Manuela, que perteneció a Pablo Escobar y que durante décadas permaneció en el imaginario colectivo como un vestigio del poder del capo, fue vendida por el Estado a través de un proceso de subasta pública liderado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El predio está ubicado en una pequeña isla del embalse de Guatapé, una de las zonas de mayor flujo turístico en Antioquia. Su localización privilegiada, rodeada de agua y con vista directa al paisaje del oriente antioqueño, ha sido durante años uno de los principales factores que lo hacen atractivo para inversionistas, más allá de la carga histórica que arrastra.
La finca La Manuela de Pablo Escobar fue vendida por el Estado en una subasta millonaria en Guatapé
De acuerdo con la SAE, la puja permitió cerrar la venta por 7.700 millones de pesos, recursos que ahora ingresarán a las arcas públicas. Aunque se confirmó el monto final, no se divulgó quién adquirió el terreno, una práctica habitual en las operaciones de este tipo para proteger la privacidad de los compradores y la seguridad del proceso.
La finca tiene una extensión aproximada de 15 hectáreas y conserva varias edificaciones, algunas de ellas severamente deterioradas por el paso del tiempo y por los ataques sufridos en los años noventa. En su momento, el lugar albergó una residencia principal, zonas de recreación, establos y amplios espacios abiertos diseñados para el entretenimiento, en una época en la que el dinero del narcotráfico se traducía en proyectos inmobiliarios extravagantes.
El nombre del predio fue elegido por el propio Escobar en honor a su hija menor. Aunque se especuló durante años que el lugar sería un regalo de cumpleaños para ella, lo cierto es que la finca nunca alcanzó a ser utilizada como una residencia familiar en pleno funcionamiento. En 1993, cuando el narcotraficante ya era perseguido por múltiples frentes, el complejo fue parcialmente destruido por un grupo armado ilegal, lo que marcó el inicio de su abandono.
Durante varios años posteriores, algunas personas ocuparon el terreno de manera informal, y ciertas áreas fueron utilizadas de forma precaria para actividades turísticas. Solo después de que una sentencia de extinción de dominio quedó en firme, el Estado asumió el control total del inmueble, lo que permitió iniciar el proceso para su disposición final.
Desde la SAE explicaron que la enajenación de La Manuela responde a la estrategia de transformar bienes ligados al crimen organizado en activos productivos. La intención, señalaron, es que propiedades que antes fueron símbolo de ilegalidad pasen a integrarse a la economía formal, generando ingresos para el país y cerrando capítulos pendientes del pasado.
