En el marco del IV Gran Foro de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) titulado “Hechos de sostenibilidad”, se desarrolló el panel Energía sin exclusiones: la fuerza de una matriz diversa, en el que expertos como Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, y Jorge Henao, CEO de TGI, advirtieron sobre la profunda crisis que enfrenta la transición energética del país y la necesidad urgente de replantear metas, prioridades y mecanismos de acción.
El consenso entre los panelistas fue claro: la hoja de ruta energética actual es insostenible bajo las condiciones presentes. “Estamos ante una crisis profunda”, afirmó González. Las metas de mitigación planteadas por Colombia bajo el Acuerdo de París están lejos de cumplirse.
Expertos alertan sobre crisis en la transición energética en Colombia y exigen acciones urgentes
Entre 2018 y 2021, el país logró reducir solo 4,5 millones de toneladas de CO₂, pero para alcanzar los objetivos de 2030 aún deben recortarse 110 millones de toneladas adicionales. “Hemos identificado solo la mitad de las acciones necesarias. La otra mitad ni siquiera se ha formulado”, enfatizó.
Por qué es importante: La discusión puso sobre la mesa la gravedad de los desafíos actuales en la planificación y ejecución de una transición energética justa, segura y sostenible.
Las metas de carbono, la viabilidad de la matriz energética, el papel del gas natural, los obstáculos regulatorios y los problemas sociales asociados a la infraestructura se convierten en factores que, de no abordarse con urgencia y realismo, podrían dejar al país en una crisis energética mayor hacia 2027 o 2028.
Detalles: Durante su intervención, Jorge Henao, CEO de TGI, explicó que el gas natural sigue siendo un componente esencial para asegurar la confiabilidad del sistema energético colombiano.
Actualmente, 40 millones de ciudadanos se benefician directa o indirectamente del suministro de gas, sin contar su papel estratégico en plantas térmicas e industrias.
Sin embargo, la declinación natural de campos como los del piedemonte llanero obliga a actualizar y expandir la infraestructura nacional, que hoy cuenta con 4.100 km de gasoductos y 16 estaciones de compresión.
“La ejecución de proyectos como nuevas plantas de regasificación o bidireccionalidades en gasoductos toma años. Si los procesos regulatorios y de licenciamiento siguen lentos, no llegaremos a tiempo”, advirtió Henao, quien hizo un llamado al Gobierno Nacional para acelerar la aprobación del plan de abastecimiento y brindar certeza a los inversionistas.
Por su parte, Tomás González resaltó que uno de los mayores riesgos que enfrentan las empresas del sector energético no son los financieros ni tecnológicos, sino los políticos y regulatorios.
“En el sector eléctrico, solo se ha incorporado entre el 20 y 25% de la capacidad de generación proyectada en los últimos cinco años, y los retrasos en la transmisión alcanzan en promedio 4,5 años”, señaló. A esto se suman los conflictos sociales y bloqueos, especialmente en departamentos como Meta y Casanare, donde el entorno para la inversión energética se ha deteriorado.
Contexto: El panel también subrayó la urgencia de pasar del enfoque exclusivo en mitigación de emisiones a uno más equilibrado que incluya la adaptación al cambio climático.
“No podemos persistir en metas que no son alcanzables. Eso genera problemas de legitimidad y desperdicio de recursos. Necesitamos reevaluar las metas con el sector privado y establecer objetivos ambiciosos, pero realistas”, argumentó González.
Frente al alza de los precios de energía y gas, se alertó sobre la falta de reacción efectiva del Gobierno. Según los expertos, los precios internacionales del gas han llegado hasta los 20 dólares por millón de BTU, lo que representa una carga insostenible para los hogares y la industria colombiana.
González criticó la falta de sentido de urgencia en el Gobierno y planteó que la reacción ante el alza de precios no puede ser una mayor intervención estatal, como el control de tarifas, sino el aumento de la oferta energética mediante incentivos a la inversión.
Panorama general: La advertencia más contundente vino al final del panel: si no se actúa con rapidez, desde 2027 el país podría enfrentar restricciones severas tanto en el suministro de gas natural como de energía eléctrica. Para ello, se requiere no solo voluntad política sino decisiones estructurales.
Entre las más urgentes, los expertos coinciden en que el Gobierno debe ponerse al día con las deudas del sector eléctrico, que alcanzan los 8 billones de pesos por concepto de subsidios y opción tarifaria. “Ese hueco fiscal amenaza la estabilidad del sistema eléctrico nacional”, sentenció González.
En una crítica final, el director del CREE fue enfático: “Lo que necesitamos no es más intervención ni más controles. Necesitamos darle la bienvenida a la inversión privada, poner el tapete rojo, enviar señales claras y ágiles, y acompañar a las empresas en los riesgos que no pueden asumir solas.”
Con esta contundente radiografía, el IV Gran Foro de la ACP se convirtió en una llamada de atención no solo al Gobierno Nacional, sino a toda la cadena de valor del sector energético. El mensaje es claro: sin decisiones firmes, articuladas y participativas, la transición energética en Colombia puede colapsar antes de llegar a su destino.
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