Por: Sofía Gaviria Correa
La semana pasada, la Comisión de Derechos Humanos del Senado realizó tres audiencias públicas con víctimas de las Farc, en los municipios antioqueños de Remedios, Dabeiba e Ituango, emblemáticos por el fragor con el que han sido golpeados, durante más de medio siglo, por la violencia guerrillera y paramilitar (valga la pena tener en cuenta que, en Dabeiba, las víctimas reconocidas representan más del 60% de la población, y, en Ituango, casi el 80%, sin contar a los muchos que no se han registrado en el Registro Único de Víctimas, por miedo a hacer sus denuncias en zonas donde todavía operan actores armados, como las Farc).
A pesar del “compromiso de las partes de poner a la víctimas en el centro del proceso de paz”, del que habla el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, corroboramos, una vez más, que no se está reparando debidamente a las víctimas. Además de la inasistencia del Estado (casi generalizada en la ruralidad), las víctimas de estos municipios deben afrontar las graves falencias del sistema de ayudas humanitarias, con absurdos como que, para poder encajar en la “caracterización” para recibirlas, se tienen en cuenta parámetros como cuántas veces las personas comen huevo o carne a la semana.
Y, en cuanto a la reparación, esta, cuando llega, llega muy tarde y, para completar, muchas veces, para recibirla, les toca, a campesinos, indígenas y afros, trasladarse a otros municipios (pues la Unidad de Víctimas no tiene presencia en los suyos), en viajes que implican gastos que, muchas veces, no pueden costear. ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, el Estado no haya logrado la bancarización en el 100% de las cabeceras municipales, para entregar pensiones y ayudas a adultos mayores, a la población en condición de discapacidad y, por supuesto, a las víctimas?
La situación, además, está llegando a grados de tramitología escandalosos, como pudimos constatar cuando conocimos, por ejemplo, en Dabeiba, el caso de la señora Rosa Lina Guisao, de 81 años de edad, a la cual, para ser reparada, le exigen presentar el registro de defunción de su abuela, fallecida en los años 20.
De los más de ocho millones de víctimas registradas, sólo han sido reparadas 590.000 (menos del 8%). La revictimización que representa la humillación a las víctimas, para recibir lo que, por derecho, les corresponde, las tiene en estado de postración, mientras que a sus victimarios no sólo les serán concedidos los más amplios beneficios judiciales, sino que les será entregada una cuota de poder en los niveles nacional, regional y local. Las Farc serán juez y parte, en todas partes, pues tendrán injerencia no solo en las decisiones del poder Ejecutivo y el Legislativo, sino también en las del Judicial y el de Control (dada la omnipotencia del tribunal que vendrá con la Jurisdicción Especial para la Paz).
Este plebiscito debe ser el espacio para que las víctimas nos pronunciemos respecto de nuestro nivel de satisfacción frente a la reparación. A pesar de la bipolaridad que hemos mencionado, en cuanto a beneficios para víctimas y victimarios, en la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (FEVCOL), nos mantenemos en la posición de no presionar a las víctimas a votar por el «sí» o por el «no» y seguimos defendiendo que no se puede continuar vulnerando el derecho al voto secreto, libre y sin miedo.
Insistimos también en que tampoco podrá hablarse de reparación si los victimarios no hacen acto de contrición ni dejan de afirmar que sus cientos de miles de hechos victimizantes fueron simples «errores de guerra», cuando, en realidad, fueron, en su mayoría, políticas sistemáticas de destrucción, como el secuestro y el reclutamiento de menores.
No nos cansaremos de decir que es inmensa la desigualdad entre lo que las víctimas están recibiendo y recibirán, en relación con las prerrogativas de las que gozarán los victimarios.
Como dice el mensaje del Papa Francisco: “Hay que arriesgarse a cimentar la paz desde las víctimas, con un compromiso permanente para que se restaure su dignidad, se reconozca su dolor y se repare el daño sufrido”. Por ello, a todas las personalidades internacionales presentes en la puesta en escena de la firma de los acuerdos, las víctimas les pedimos que sean veedores para que, en el panorama que comienza, las víctimas sí sean tomadas en cuenta y reciban restitución.
Esperamos que esa veeduría internacional que hemos solicitado sea garantía de reparación para las víctimas y de prevención, para que, en un país en el que, dolorosamente, se suelen resolver los problemas de forma violenta, la frustración de tantas víctimas no se traduzca en hechos que eternicen el círculo vicioso de la violencia.
*Presidenta Comisión de Derechos Humanos del Senado
Codirectora del Partido Liberal