Por: Juan David García
Uno de los fenómenos que más están afectando la estabilidad económica, política y social de muchos países, principalmente Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, es decir, el hemisferio Occidental en general, es la inmigración proveniente de sociedades que ofrecen pocas oportunidades a sus nacionales, o donde el Estado ha colapsado en medio de conflictos violentos, o bien se encuentra instalada una dictadura en el poder. Desde 2014, la llegada de inmigrantes desde el norte de África y el Medio Oriente a Europa, alcanzó su punto más crítico, con alrededor de dos millones de nuevos pobladores.
Por más que los políticos europeos se esfuercen por mantener el discurso políticamente correcto de las puertas abiertas y casi cero restricciones, y en desconocer las consecuencias nocivas de la inmigración ilegal para España, Alemania, Francia, el Reino Unido o Italia, la realidad los contradice todos los días: luego de que el gobierno de Pedro Sánchez se negara a declarar la emergencia en las costas de Andalucía, por el arribo desde enero de casi seis mil personas, Ana Botella, secretaria de Estado para la Seguridad (ministerio del Interior), ha pedido ayuda a las autoridades de la Unión Europea para atender la situación, pues además se prevé que en los próximos tres meses lleguen diez mil más.
Quienes advierten la gravedad del asunto y se aproximan a él con objetividad, son atacados por el establishment político, mediático y social que hoy gobierna en el mundo democrático. Pablo Casado, el nuevo presidente del Partido Popular de España, fue acusado de racismo por sus declaraciones sobre la inmigración ilegal, a propósito de la emergencia actual. En su cuenta de Twitter publicó: “No es posible que haya papeles para todos, ni es sostenible un Estado de bienestar que pueda absorber a los millones de africanos que quieren venir a Europa, y tenemos que decirlo, aunque sea políticamente incorrecto”. ¿Qué hay de falso u ofensivo en sus palabras? ¿Acaso no es un hecho comprobado y reforzado por los datos y la propia realidad económica, que los presupuestos públicos entran en déficit cuando hay tanta generosidad para el que llega de otro país? La mayoría de los políticos y los diferentes lobbies económicos y sociales, suelen congraciarse con las personas que ingresan a sus países de manera irregular, y piden solidaridad y comprensión para ellas, pues finalmente no son ellos quienes deberán asumir los costos ni el impacto de esto en la vida social.
Según el informe El costo de la inmigración extranjera en España, del reconocido think tank GEES (Grupo de Estudios Estratégicos), la mayor parte de los subsidios o ayudas gubernamentales para alquiler de vivienda, los perciben los extranjeros, aun cuando alrededor del 35% de ellos se encuentra desempleado. Y a la hora de evaluar sus contribuciones a los ingresos estatales, solo aportan el 3% de los ingresos por impuesto de renta. Con estos datos es fácil entender que la inmigración ilegal es un mal negocio para cualquier país: acceso casi ilimitado a beneficios sociales, garantizado por los impuestos de los trabajadores y las empresas. El caso se repite en cada estado miembro de la Unión Europea y, sin embargo, la consigna oficial es silenciar o perseguir a las voces críticas, al tiempo que se rompe la confianza de la ciudadanía en sus líderes, más interesados en tender la mano al foráneo que en representar sus intereses.