La necesidad de intervenir las construcciones que se hacen en Medellín

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Este editorial fácilmente puede aplicar para cualquier otra ciudad del país, desde la capital de la República, hasta los municipios que están en esa Colombia profunda, tan alejada del del spotlight de los medios, el escrutinio general y que a veces solo volteamos a ver cuando ocurren tragedias.

EDITORIAL

El pasado viernes 5 de julio, Medellín despertó con una noticia que enlutó no solamente a una familia, sino a toda una ciudad: una vivienda de tres pisos se vino al suelo en el barrio Santander, comuna 6 de la ciudad, tras fuertes lluvias registradas en todo el Valle de Aburrá.

Este triste suceso dejó a 3 personas sin vida, entre ellas una menor de 13 años y su madre de 32 años, mientras que un adulto mayor y una pequeña de tan solo 5 años lograron ser sacados de los escombros con vida.

Son muchos los testigos que hablan de ruidos previos al colapso de toda la vivienda, pero aún se desconoce con exactitud qué fue lo que causó el derrumbe de la estructura esa fatídica noche del 4 de julio.

Es claro que las investigaciones que se están adelantando se tienen que respetar, pero más allá de esta tragedia, lo cierto es que este hecho deja al descubierto una realidad oculta, algo que se mueve como una serpiente en un arenal y que es bastante peligroso, no solo para Medellín, sino para todo el país.

Los controles que debe haber para cualquier tipo de construcción se han flexibilizado y muchas veces, es inexistente la vigilancia que se debe hacer a estas, ya sea para viviendas familiares, oficinas o para cualquier otro tipo de establecimiento.

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Es inconcebible que en la actualidad existan en Medellín diferentes estructuras erigidas a lo largo y ancho de la ciudad, pero lo más preocupante es que ni el municipio puede hacer algo porque no existe una herramienta para intervenir o algún elemento que se pueda utilizar para velar por la óptima construcción de una estructura.

Ejemplos hay muchos. En la Avenida Bolivariana con la Carrera 65 hay un edificio que lleva más de 10 años en construcción y allí no pasa absolutamente nada; es un edificio fantasma, con su estructura expuesta y al que cada año le invierten algo de dinero esperando algún día poder terminarlo.

Otro caso es el edificio que está al frente del Hotel Intercontinental, ese que se conoció públicamente que era de la Constructora Fajardo Moreno. Quien pase por ese sector se va a encontrar con una estructura en obra negra que lleva así más de 13 años, expuesta y sin que nadie haga o diga algo.

Uno de los casos más emblemáticos es el Meritage, esa edificación que se vendió como un exclusivo y lujoso proyecto que queda camino hacia al aeropuerto José María Córdoba.

Esta construcción lleva aproximadamente entre 3 y 4 años abandonada, tiene problemas con la SAE (Sociedad de Activos Especiales) y su estructura también ha estado ahí, expuesta y vulnerable.

De hecho, según información que ha recogido este medio de comunicación, esta edificación solo ha servido para que se roben el material y en general, gran parte de lo que se ha alcanzado a hacer, se ha venido deteriorando.

Esto son solo algunos ejemplos de decenas de construcciones que se pueden encontrar, no solamente en Medellín, sino en toda el área metropolitana, así como en diferentes ciudades del país.

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El problema no es solamente con esas construcciones que inician, se van construyendo poco a poco o nunca se terminan, también hay que mencionar a las construcciones exprés, esas que son conocidas popularmente como “palomeras” o “garitas”, las cuales son hechas por familias que sin ningún tipo de permiso o estudio de terreno levantan una construcción así porque sí.

Esas sí que son fáciles de identificar, pero por desgracia ninguna administración regula esto, y mucho menos, hacen algo para intervenirlas.

Todas esas construcciones se convierten en un atentado contra la estética de barrios tradicionales y lo que es peor aún, afectan las estructuras ya existentes de los edificios y ponen en peligro a sus vecinos.

En tal virtud, es sumamente preocupante que la construcción está desregularizada y esta quede al libre albedrío de las personas, en especial porque ya conocemos la historia de los curadores y cómo se han manejado.

Lastimosamente la política de encontrar a todos los curadores con un apartamento en todas las construcciones que autorizan, se volvió algo normal y no nos damos cuenta del riesgo inminente de que se puedan seguir presentado derrumbes, colapsos e incluso, se sigan ordenando demoliciones, tal y cómo lo hemos venido observando por culpa de la ausencia y mano fuerte del Estado.

Lo más grave de todo es que acá no solamente se está perdiendo dinero o una estabilidad, se están perdiendo vidas humanas.

Es más que necesario que el ministerio de Vivienda y Camacol, así como los municipios y gobernaciones de todo el país, se pongan las pilas y elaboren una mesa de trabajo en donde intervengan este problema tan delicado, porque de lo contario, seguiremos lamentando que personas inocentes pierdan su vida en estas construcciones piratas.

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