Por: Cecilia López
El asesinato de líderes sociales, que ya alcanza cifras escandalosas, lleva a muchas reflexiones cuyas conclusiones pueden ser aterradoras. La forma sistemática como están cayendo mujeres y hombres defensores de derechos de los sectores populares, líderes que luchan por proteger el medioambiente, por acabar con las discriminaciones étnicas y de género, permite suponer que en varios casos estos crímenes pueden responder a un plan de exterminio que demanda esfuerzos económicos importantes.
Para ello es necesario realizar labores de inteligencia que hagan posible conocer el día a día de los líderes sociales, seguirlos en su recorrido, averiguar sus relaciones familiares, identificar sus amigos, sus aficiones, su tipo de trabajo, entre otros elementos de su diario vivir. Como definitivamente no son hechos aislados, para muchos es evidente que detrás de un número de casos aún no determinado puede existir una estrategia para acabar con el liderazgo territorial actual porque lo consideran una amenaza a las grandes concentraciones de tierra, y para proyectos mineros o industriales que pueden tener efectos negativos sobre la población y el medioambiente.
Pero este aspecto poco se explora. Las explicaciones, que abundan, se relacionan con la falta de presencia estatal en zonas anteriormente ocupadas por las Farc o con la lucha propia de la actividad ilícita del narcotráfico, que aumenta no obstante los esfuerzos por frenar su crecimiento en estas zonas del país. Sin duda, una parte de estos asesinatos se explican con este tipo de análisis, pero puede no ser suficiente. El temor que hoy expresan otros sectores sobre la posibilidad de estar viviendo un renacer del paramilitarismo, tan frecuente en la historia colombiana como factor que ha ayudado a defender la gran propiedad, los grandes proyectos e inclusive a las multinacionales, da pie para que, además de las causas aceptadas, haya intenciones muy graves, por lo menos en casos de asesinatos de ciertos líderes.
Para quienes miran esta posibilidad, la pregunta obvia es por qué está sucediendo esta tragedia; qué tipo de barrera constituyen esos sectores, que están desapareciendo del escenario local, para que se expliquen los numerosos y permanentes asesinatos de personas con voz en sus regiones. Es de tal dimensión esta tragedia que sus análisis no se pueden quedar en supuestas generalidades que lo que hacen realmente es ocultar razones más de fondo y por ello más destructivas.
Surge entonces la pregunta obvia: ¿la paz, para quién? ¿Para los narcotraficantes, de manera que puedan actuar a sus anchas, ahora aliados nada menos que con carteles como el de Sinaloa? ¿Para quienes no quieren que cambie este modelo de desarrollo inequitativo, excluyente y depredador? ¿Para esas grandes, medianas y pequeñas empresas mineras que solo concentran riqueza en unos pocos y destruyen todo lo que las rodea?
La paz debería ser, en primer lugar, para quienes vivieron en carne propia los inmensos costos del conflicto armado. Son esos territorios los que hoy deberían estar gozando esta etapa más civilizada de la vida y, sobre todo, debería ser para esos líderes que han sido atacados y se han ganado el respeto de sus comunidades. Pero, al paso que vamos, la paz va a ser el camino para que lo perverso y lo ilegal avancen sin freno. Para que se consolide ese modelo de desarrollo que genera crecimiento, pero no el nivel de equidad que esta sociedad necesita. Para aquellos que ven en las consultas populares y la gente que las defiende las barreras que deben eliminarse para lograr la modernización del país. Ese sería el peor resultado de 50 años de conflicto interno.
Por lo anterior, es fundamental hacer el diagnóstico completo, sin engañarnos, tratando de entender a fondo qué es lo que realmente hay detrás de esta serie de asesinatos. Solo un análisis objetivo podrá ser la base real para actuar correctamente. Esta es una responsabilidad de todos, sin ninguna excepción, porque el Estado no puede solo.