Si los fondos de pensión privados dejan de existir, que pareciera ser el objetivo que tiene el ministerio de trabajo de Colombia, uno que hoy maneja una nostálgica de la Unión Soviética, pues entonces ese inversor gringo llegará a la conclusión de que Colombia YA NO ES un lugar que presente las condiciones mínimas para invertir.
La mejor reforma pensional que podría presentar el gobierno de Petro sería una reforma laboral que disminuyera dramáticamente el costo para los empresarios de emplear a la gente en blanco. Una reforma como esa generaría una mejora exponencial de la calidad de vida actual y futura de los colombianos, especialmente los que hoy siguen trabajando en la informalidad. Ahora, todos sabemos que eso es, desafortunadamente, una imposibilidad política bajo este gobierno.
Ahora, como le decía a una audiencia en Bogotá la semana pasada, los colombianos hoy ya estamos en la actitud del “es lo que hay”. Y Colombia si necesita reformar el sistema pensional porque es un sistema perverso, pero NO por las razones que esboza el Pacto Histórico. El sistema de reparto es un monumento a la regresividad, pues los pensionados que reciben pensiones altas se comen la inmensa mayoría de los recursos de Colpensiones, mientras gran parte de la población mayor no recibe flujo alguno. El subsidio estatal a una pensión superior a los 10 salarios mínimos le cuesta al contribuyente un estimado de $65 millones anuales. $65 millones en subsidio a una persona pudiente, mientras tantos mayores duermen con hambre.
Aprobar una reforma que implique que Colpensiones reciba hasta tres salarios mínimos significaría el final del sistema pensional de ahorro individual, del mercado de capitales, y el final de la capacidad del gobierno de financiarse en pesos con dineros de inversionistas internacionales. No se si el gobierno y su coalición lo entiendan, pero si el proyecto de ley pasa con la idea de que tres salarios mínimos vayan a Colpensiones, los mercados locales serán testigos de la peor crisis financiera de la historia. Les explico: los fondos de inversión internacionales invierten en TES por las siguientes razones, (1) por el retorno que presentan los activos, (2) por la certidumbre de que NO se implementarán controles de capitales, (3) y por el hecho de que los inversionistas internacionales perciben que existe “exit liquidity”.
El último punto es el más importante, y en castellano significa que, si el fondo XYZ de New York decide que ya no quiere tener más TES, tendrá la opción de venderle su inversión a un inversionista institucional local.
Si los fondos de pensión privados dejan de existir, que pareciera ser el objetivo que tiene el ministerio de trabajo de Colombia, uno que hoy maneja una nostálgica de la Unión Soviética, pues entonces ese inversor gringo llegará a la conclusión de que Colombia YA NO ES un lugar que presente las condiciones mínimas para invertir, pues se tendrá la impresión de que un inversionista se podrá quedar atrapado con su inversión, mejor dicho, que ya no habrá “exit liquidity”. Y el efecto en los mercados será similar a lo que pasa cuando algún enfermo mental grita “fuego” en un cine: una estampida donde todos mueren asfixiados porque el espacio para salir del recinto no es lo suficientemente grande.
Petro tiene un gran problema: la economía está estancada, no hay suficiente confianza inversionista, y el déficit fiscal sigue siendo muy alto. Para financiar ese déficit fiscal el país necesita que los extranjeros sigan comprando TES. Una certidumbre: si la reforma pensional de Petro pasa como está escrita hoy se generará la mayor corrida de recursos del mercado de TES en su historia, y el gobierno de Colombia se quedará sin financiamiento.
Del mismo autor: La desgracia del pragmatismo moral, Parte 2
Alberto J. Bernal-León