Desde hace un buen tiempo, hemos venido advirtiendo en distintos editoriales que la politización del accionar de la fuerza pública solo trae consecuencias negativas. Quienes llegaron al poder gracias a supuestos estallidos sociales, que en realidad fueron ataques coordinados contra la propiedad privada y el patrimonio público con la ayuda de delincuentes, ahora continúan desde sus curules en el Congreso defendiendo a esos mismos aliados.
Estos aliados se camuflan como estudiantes y líderes sociales, pero tienen nexos con grupos armados terroristas y parecen estar especializados en la fabricación de bombas molotov, el uso de granadas de fragmentación y la preparación de explosivos. Además, suelen esconder su identidad y formar guerrillas dentro de los campus universitarios. Ayer en Bogotá, intentaron quemar vivos a dos policías que estaban en una patrulla de la División Antinarcóticos utilizando un arsenal de bombas incendiarias y molotov.
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Los policías fueron atacados brutalmente y uno de ellos se defendió como debía hacerlo. El protocolo inicial de diálogo, encabezado por el alcalde Carlos Fernando Galán, no funcionó porque estos criminales decidieron atacar violentamente a toda persona que intentara dialogar con ellos. No contentos con bloquear Transmilenio y otras vías, afectando a las personas más humildes que necesitan este medio de transporte para trabajar, atacaron a la policía cuando intentaba restaurar el orden.
Pedirle a un policía que se deje quemar vivo o que intente repeler los ataques con métodos pacíficos en medio de una confrontación es absurdo y antidemocrático. Esto va en contra de las fuerzas del orden, que velan por mantener la legalidad, la tranquilidad y preservar la vida de las personas. No se puede poner en duda la legitimidad de la defensa policial por cuenta de preferencias políticas.
Sabemos que hay congresistas, concejales y otros funcionarios públicos que desprecian a la policía y no sienten compasión por sus muertes. Sin embargo, no podemos permitir que criminalizar la defensa policial se convierta en algo normal, como sucedió ayer.
Desde este medio de comunicación, respaldamos contundentemente al uniformado que se defendió ante esos ataques. Como dijo el alcalde Federico Gutiérrez de Medellín, no hay nada que investigar. Esperamos que la Alcaldía de Bogotá, el gobierno nacional y los congresistas decentes defiendan el accionar del policía y envíen un mensaje claro de que la vida de los policías es importante para el Estado colombiano y que no se permitirá que criminales, escudándose en supuestas causas sociales y siendo estudiantes, sigan intentando destruir nuestras fuerzas del orden.