Este miércoles, el proyecto de reforma laboral, uno de los principales estandartes del Gobierno de Gustavo Petro, reanudó su trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes. La discusión se da en un contexto donde varios gremios y congresistas de oposición han expresado sus inquietudes sobre los efectos potenciales de esta normativa en la economía y el empleo.
Impacto de la reforma laboral en la informalidad y el empleo en Colombia
Desde semanas antes de la reanudación del debate, diversas voces del sector productivo han señalado las repercusiones que podría traer consigo la reforma. Entre ellos, Aliadas y la presidenta de Amcham, María Claudia Lacouture, han planteado tres desafíos esenciales: la creación de empleo, el impacto en la competitividad y la protección de los derechos laborales. En un comunicado, subrayaron la necesidad de que el proyecto aborde estos aspectos de manera efectiva.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi y del Consejo Gremial, junto con Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, han manifestado su desacuerdo con la propuesta, resaltando que esta no cumple con los principios fundamentales que deberían guiar cualquier reforma laboral. «La reforma debe defender los derechos de los trabajadores, generar más empleo y hacer que Colombia sea más competitiva a nivel global». El proyecto actual no aborda estos principios», enfatizó Mac Master.
Adicionalmente, entidades como Fedesarrollo han alertado que la reforma podría resultar en la eliminación de hasta 450.000 empleos, lo que añade un elemento de preocupación ante el panorama laboral del país.
Durante la intervención de María Carrascal, representante del pacto histórico en su sustentación, Carrascal expuso que la reforma generaría un aumento del 4,4% en los costos laborales y un impacto del 1,1% en los ingresos de las empresas. Esto implicaría que las compañías tendrían que destinar el 0,8% de sus ingresos para hacer frente a los incrementos de costos que implica la reforma.
Carrascal aseguró que, a pesar de estos gastos, las empresas podrían esperar que el 25,7% de sus ingresos se traduzca en utilidades. Esta afirmación se presenta en un contexto donde los sectores más afectados serían el comercio, con un impacto del 1,2%, y el alojamiento y servicios de comida, con un 0,9%. Ambos sectores son fundamentales para el empleo, especialmente en la temporada decembrina, cuando la contratación de personal suele incrementarse.
Según el último informe de DANE, el sector comercio emplea a 3,9 millones de personas, aunque ha visto una reducción de 78.000 puestos en el último año. El sector de alojamiento y servicios de comida, que cuenta con 1,6 millones de trabajadores, también ha experimentado una contracción, perdiendo 8.000 empleos en el mismo periodo.
Un análisis realizado por los investigadores Cristina Fernández y Gabriel Ulyssea, titulado «Sobre la interfaz entre la Seguridad Social y el coste fiscal» también plantea preocupaciones alarmantes. Según sus conclusiones, la reforma podría resultar en un aumento considerable de la informalidad laboral, estimándose que esta podría incrementarse entre 7 y 12 puntos porcentuales. Este fenómeno afectaría en mayor medida a trabajadores con un nivel educativo de bachillerato completo.
Con la discusión de la reforma laboral en marcha, las advertencias de los gremios y analistas económicos plantean un panorama incierto. Si bien el Gobierno sostiene que la reforma es crucial para la modernización del mercado laboral, las preocupaciones sobre el aumento de la informalidad y la posible pérdida de empleos resaltan la necesidad de un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la generación de empleo.
Mientras los debates continúan en el Congreso, el futuro de la reforma y su impacto en la economía y en el mercado laboral colombiano se mantienen en el centro de atención, con la esperanza de que las decisiones que se tomen consideren los intereses de todos los actores involucrados.
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