En la columna anterior advertí que Colombia no ha sido la Nación que debería ser porque nunca se atrevió a construir un Estado digno de sus promesas. Casi nada cambió con la expedición de la Constitución Política de 1991.
Allí hice un diagnóstico, casi una autopsia institucional. Afirmé que hay un centralismo que ahoga y una descentralización que dispersa, además, hay un poder que se multiplica en ministerios y decretos que no es otra cosa que una burocracia paquidérmica.
En este artículo de opinión quisiera ir un paso más allá, esto es, mirar de frente al Estado que tenemos —un ciclópeo «contrato social» cansado que vigila la sociedad desde los escritorios, pero que se esconde cuando estalla una crisis— y preguntarnos si alguna vez ha sabido proteger a alguien.
Colombia es, quizá, uno de los pocos países donde el Estado se siente en la piel, pero no en la vida. Se siente cuando hay que pagar impuestos —confiscatorios—, llenar formularios o pedir permisos absurdos, pero desaparece cuando uno necesita seguridad, justicia o siquiera un poco de decencia institucional. Tenemos un Estado que regula hasta la sonrisa del ciudadano —decía Mises que el intervencionismo es el paso previo al socialismo— pero no sabe garantizarle el derecho a caminar tranquilo por su barrio.
Desde siempre, nosotros los colombianos, creamos un Estado que se acobarda al ejercer autoridad ante el delito, pero que se va lanza en ristre contra las libertades individuales. Un sistema que no funciona aunque aparenta que si lo hace. Y así, entre la cobardía y el abuso, hemos perdido las dos virtudes esenciales de una república que, para Colombia, aparecen en el escudo nacional: la libertad y el orden.
Colombia es una Nación con desequilibrios profundos que hay que atenderlos y solucionarlos.
El primer espejo de esos desequilibrios está en la Presidencia de la República. En Colombia, el presidente suele comportarse menos como jefe de Estado y más como propietario de una hacienda. Maneja el presupuesto nacional con la lógica del castigo y la recompensa, es decir, premia a quienes lo aplauden y castiga a quienes lo contradicen. Si un alcalde o un gobernador es un acérrimo opositor, les «mama gallo».
La Presidencia es la institución más centralizada dentro del organigrama estatal de Colombia. Por eso en la periferia nacional hay más pobreza, mayor desigualdad y peor calidad de vida. A la izquierda le favorece porque pesca votos prometiendo el cielo y la tierra, pero aquellas regiones se hunden, cada día más, en la miseria.
El poder ejecutivo, es decir, la Presidencia y sus dependencias, deberían trabajar para todos los colombianos. No es un poder legitimo a la hora de gobernar si solo ejerce el poder para beneficiar a sus amigos y para manutener apoyos para las próximas elecciones mientras persigue a sus opositores y siembra el odio y el caos.
Bajo un sistema federal serio —de esos que funcionan sin tanto drama—, la Presidencia no sería un adorno o una entidad perseguidora. Sería, eso sí, una autoridad fuerte, limitada por la ley y vigilada por instituciones que funcionan. Su tarea no sería, simplemente, mandar, sino coordinar y permitir que se ejecuten las políticas, además, de no imponer, sino hacer que el Estado respire en armonía y libertad.
La defensa nacional es otro síntoma de esta tragicomedia institucional. Tenemos Fuerzas Armadas profesionales, pero con una política de seguridad que cambia según el político que llegue al poder. Cada gobierno reinventa la doctrina, bautiza sus operativos con nombres heroicos y deja al siguiente la tarea de empezar de nuevo.
Colombia debe tener una política de seguridad y defensa de Estado y no de gobierno.
Perseguir a los bandidos —nacionales y extranjeros—; no bajar la guardia ante amenazas
domésticas, es decir, no ceder ante extorsiones; que el crimen organizado no sea quien ponga la agenda en la Nación. Son las Leyes y la libertad las que deben imperar. Las Fuerzas del Orden corresponden que sean respetadas por todos y temidas por los delincuentes.
En una república moderna y seria, la defensa es una política de Estado, no una campaña
publicitaria. Supervisada por el poder civil, respaldada por el Parlamento y ajena a los humores partidistas. En Colombia, en cambio, la seguridad se politiza, se ultraja y la autoridad se negocia.
La «unidad nacional», la «pluralidad» o la «descentralización», se han confundido con uniformidad. Desde los escritorios de Bogotá se decide mientras las regiones, no les queda más remedio, obedecen. Ese centralismo paternalista ha sembrado resentimiento y desconfianza. Las regiones no se sienten parte de un proyecto común, sino peones de un tablero que siempre se juega en la capital.
Las regiones de Colombia son diferentes. Colombia es heterogénea en su cultura, en su gente, en el acento, en la riqueza. Colombia, por eso, es rica. Entonces en un federalismo no se destruye la unidad, todo lo contrario, la hace posible. Cuando las regiones administran sus recursos, diseñan sus políticas y responden por sus resultados, la Nación deja de ser una contemplación.
Sí, Colombia tiene una Constitución «actualizada», pero no sirve para nada. Es un armatoste lleno de letras que no atienden a la defensa de los derechos individuales de los ciudadanos. Hemos tenido muchas cartas políticas porque nuestros dirigentes NUNCA han interpretado como es debido el sentido común.
Colombia merece una Constitución que respalde los derechos de cada uno de sus habitantes; que ejerza control al poder y que garantice el derecho más importante después del de la vida: la LIBERTAD.
Esta Constitución permite que se viole la Ley, promueve el colectivismo —como si todos
pensáramos igual— y restringe la libertad individual. Una Nación que busca el progreso con una Carta Política de ese calado solo retrocede. Se debe buscar la preeminencia de la libertad individual y quitarle el máximo poder al Estado.
Se debe garantizar, como corresponde en una Nación libre y seria, la separación autentica de los poderes públicos. El presidente NO debe presionar a las cortes de justicia; el Parlamento debe ser la luz de la Leyes y no un meretricio; los jueces no deben legislar sino hacer cumplir las Leyes de la república y los partidos políticos no deben ser cacicazgos sino instituciones que enriquecen el debate político y fortalecen el sistema institucional.
Dicen muchos que en Colombia hay democracia y tienen razón, pero es una democracia puericia. Colombia debe transitar a una democracia adulta, una democracia seria. Una democracia madura exige poderes que se vigilen sin destruirse, cooperen sin someterse y se respeten sin miedo. Sin ese equilibrio, la libertad se vuelve una palabra vacía y el Estado un peso insoportable de sostener.
El fondo de todo esto es que Colombia nunca decidió qué tipo de Estado quería ser o, mejor dicho, no dejaron a los ciudadanos decidir qué Nación querían ser. Las Constituciones que el país ha tenido fueron construidas por políticos e «ideólogos» que buscaron ensanchar la burocracia en perjuicio de los derechos del individuo.
Colombia es un Estado construido por estatistas y burócratas que han perjudicado la LIBERTAD INDIVIDUAL.
El Estado que Colombia debe construir no es uno que vigile ni que reparta favores, sino uno que garantice y respete las libertades individuales de cada ciudadano. Como escribió Ludwig von Mises, «la libertad no significa que el hombre pueda hacer lo que quiera, sino que se le permita perseguir sus fines mientras no invada la esfera de los demás» 1 .
El pueblo de Colombia quiere transitar a la verdadera civilización no a la servidumbre. Por eso debe existir un Estado pequeño pero que sea justo, que administre la Ley con firmeza, asegure la seguridad sin abuso, permita trabajar sin obstáculos y jamás confisque el fruto del esfuerzo. Es, en últimas, un Estado que no suplante al individuo, sino que lo respalde.
Colombia tiene ante sí la oportunidad —y también la deuda moral e histórica— de transformar su Estado. Es un deber que hemos postergado durante generaciones. Tal vez nosotros no veamos los frutos, pero podemos iniciar la siembra. Que las nuevas generaciones crezcan en una Nación respetuosa de Dios y de la Ley, laboriosa, próspera y esperanzada. Una República donde la LIBERTAD no sea un privilegio o un sueño inalcanzable, sino una costumbre cotidiana, una manera de vivir.
1 Ludwig von Mises, Liberalismo: la tradición clásica (Liberalism: The Classical Tradition), Liberty Fund, Indianapolis, 2005, p. 42.
Por: Aldumar Forero Orjuela- @AldumarForeroO
Del mismo autor:¿Por qué Colombia aún no ha sido la Nación que debería ser?
