El debate técnico y político sobre la viabilidad financiera del sistema de salud en Colombia ha escalado a un nuevo nivel de tensión. En un fuerte pronunciamiento oficial emitido el 27 de mayo de 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social desmintió de forma tajante las recientes declaraciones de Ana María Vesga, presidenta de la Asociación de Empresas de Medicina Integral (ACEMI).
La cartera gubernamental aseguró que la discusión pública no puede seguir reduciéndose a la narrativa gremial de que “la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no alcanza” o que el Ejecutivo mantiene desfinanciado el sector. Para el Ministerio, estas afirmaciones ocultan una realidad alarmante respaldada por los organismos de control: la existencia de investigaciones, sanciones administrativas y hallazgos fiscales por corrupción, desfalco e irregularidades financieras que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) aún no han explicado.
Panorama general: El Ministerio de Salud fue enfático al señalar que ACEMI debe asumir su cuota de responsabilidad en la crisis actual. En el documento oficial, el Gobierno recordó antecedentes de peso, como la Resolución 46111 de 2011 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Dicha sanción declaró culpable al gremio y a varias EPS asociadas por implementar un acuerdo anticompetitivo orientado a opacar la transparencia del mercado de aseguramiento, ocultar información a los reguladores y unificar criterios de no cobertura para incidir indirectamente en la fijación del precio de la UPC.
La situación judicial presente resulta aún más compleja. De acuerdo con el reporte del Ministerio:
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Acusaciones penales: La Fiscalía General de la Nación ya acusó formalmente a exdirectivos de la EPS más grande del país bajo cargos de fraude financiero.
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Estrategias de defraudación: Ante la Corte Constitucional, el ente investigador expuso un ‘manual de estrategias’ sistemáticas con las que presuntamente se ha desangrado el sistema:
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Cobros irregulares mediante la no notificación del fallecimiento de afiliados.
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Alteración de bases de datos para duplicar registros de usuarios.
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Recobros fraudulentos por servicios médicos, medicamentos e insumos.
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Contrataciones sobredimensionadas e inversiones con dineros de la salud en sectores ajenos al bienestar de los pacientes.
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Manipulación de la información contable con el fin de evadir intervenciones estatales.
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A esto se suman las alertas de la Contraloría General de la República, que en múltiples informes advierte sobre presuntas inconsistencias financieras por billones de pesos, que incluyen deudas ocultas y el desvío de recursos prestacionales hacia la entrega de préstamos a particulares. Incluso, en la mesa técnica de la UPC, ordenada por la propia Corte Constitucional, se detectaron pagos de medicamentos por encima de los precios regulados y la duplicidad de registros suministrados por las mismas EPS.
Ministerio de Salud responde a ACEMI y descarta desfinanciación de la UPC
Frente a la tesis de ACEMI de que el actual Gobierno «abandonó la salud» y debilitó la estabilidad financiera del sector, el Ministerio respondió con el peso de las estadísticas oficiales indexadas a precios constantes de 2025.
La cartera de salud reportó que, entre los años 2022 y 2026, el presupuesto destinado al sector salud creció un $51,4\%$, lo que se traduce en más de $25$ billones de pesos adicionales. En ese mismo periodo, la asignación global para la UPC también experimentó un repunte en términos reales, registrando un crecimiento acumulado del $28\%$, equivalente a $21$ billones de pesos adicionales para financiar el aseguramiento, lo cual representa el $1,2\%$ del PIB.
El Ejecutivo también trazó un paralelo con la gestión anterior para demostrar que, bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, el aumento de la UPC ha superado sustancialmente el índice de inflación. En el régimen contributivo, la UPC ha crecido a un ritmo real del $17,25\%$, mientras que en el gobierno anterior el incremento fue del $9,84\%$ por encima de la inflación. Por su parte, para el régimen subsidiado, el presente periodo comprendido entre 2023 y 2026 muestra una subida real del $24,71\%$, contrastando de forma drástica con el escaso $6,36\%$ sobre la inflación otorgado en la pasada administración.
Finalmente, para el año 2026, el Gobierno nacional recordó que fijó la UPC base del régimen contributivo en $\$1.658.912,01$ y la del régimen subsidiado en $\$1.541.706,27$.
#Comunicado | Frente a las declaraciones de Ana María Vesga, presidenta de ACEMI, publicadas por el periódico El Tiempo, #Minsalud se permite aclarar aspectos mencionados en esa publicación, en las que el gremio de las EPS insiste en solicitar más recursos sin dar cuenta de las… pic.twitter.com/2nMuRhliF9
— MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) May 27, 2026
Por qué es importante: Con este panorama, la discusión sectorial abandona los terrenos estrictamente presupuestales para adentrarse en el complejo escenario de la transparencia fiscal y judicial, donde las agremiaciones y las EPS asociadas se verán obligadas a responder por el manejo de los recursos públicos destinados a la atención de los pacientes.
«Así las cosas, resulta cuestionable que ACEMI insista en que la UPC no alcanza, cuando todavía no hay una explicación clara sobre las irregularidades encontradas y las enormes deudas acumuladas por las EPS con clínicas y hospitales».
