Tirapiedras en Medellín siguen generando temor entre conductores que transitan por la Avenida Regional, especialmente a la altura del puente de Barranquilla. Los ataques con piedras lanzadas desde esta estructura se han convertido en una amenaza constante para la seguridad vial de la ciudad, obligando a las autoridades a buscar medidas urgentes.
Esta vez, la propuesta ha sido calificada como “rudimentaria”, pero también como una salida concreta ante la falta de acciones previas.
Interdicción jurídica y seguridad vial: la respuesta ante los ataques de tirapiedras de Medellín
El caso más reciente encendió las alarmas por la magnitud del ataque. Una roca de gran tamaño fue arrojada desde el puente de Barranquilla e impactó directamente el vidrio panorámico de un vehículo en movimiento.
Afortunadamente, no hubo víctimas fatales, pero el evento generó temor entre los conductores y revivió una serie de denuncias ciudadanas que se vienen reportando desde hace años, sin que hasta ahora haya una respuesta contundente por parte de las autoridades.
Autoridades buscan enfrentar ataques desde puentes: Ante la creciente preocupación ciudadana, el presidente del Concejo de Medellín, Andrés Tobón, pidió a la administración municipal que se incluyan medidas concretas en las próximas vigencias futuras para afrontar el fenómeno de los habitantes de calle, especialmente aquellos que representan un riesgo para la seguridad de la ciudadanía.
“Yo quisiera, querida administración, que las próximas vigencias futuras que vengan a este Concejo lo hagan con una ruta muy clara de atención al problema de habitancia en calle que tiene Medellín. Que venga con una propuesta muy clara de qué recursos se deben comprometer para ejecutar ya en la creación de una ruta jurídica concreta”, indicó Tobón en una sesión del Concejo.
El concejal no se limitó a señalar el problema, sino que propuso una herramienta legal concreta: la interdicción jurídica, figura mediante la cual una persona puede ser declarada legalmente incapaz de manejar su vida de forma autónoma, debido a limitaciones mentales o a trastornos como la adicción.
Con ello, se buscaría brindar atención institucional y tratamiento a quienes se encuentran en estado de desconexión con la realidad, producto de enfermedades mentales combinadas con el consumo de sustancias psicoactivas.
Por qué es importante: La problemática de los llamados “tirapiedras” no solo representa un riesgo físico para conductores y pasajeros, sino que también genera un sentimiento de inseguridad constante en uno de los corredores viales más importantes de la ciudad.
Además, pone en evidencia una deuda histórica del Estado con la población habitante de calle, que muchas veces es víctima del abandono, la falta de atención médica especializada y la exclusión social.
Contexto: La situación de los habitantes de calle en Medellín ha sido motivo de debate durante años. La ciudad cuenta con programas de atención, como albergues y centros de rehabilitación, pero muchos expertos aseguran que estos recursos son insuficientes o no están adecuadamente articulados.
Según cifras del DANE, se estima que Medellín tiene más de 4.000 habitantes de calle, una población que ha crecido tras la pandemia y las crisis económicas.
En repetidas ocasiones, sectores sociales han señalado que las respuestas institucionales tienden a ser más punitivas que integradoras.
La nueva propuesta del Concejo podría profundizar esta tensión entre seguridad y derechos humanos, si no se aborda desde un enfoque integral que incluya salud pública, acompañamiento psicosocial y estrategias de inclusión.
Panorama general: Medellín se enfrenta a un dilema: garantizar la seguridad de sus ciudadanos sin vulnerar los derechos de una población históricamente marginada.
La propuesta de interdicción jurídica y tratamiento obligatorio a personas con patologías duales podría convertirse en un nuevo capítulo en la gestión de la seguridad urbana, pero también exige un debate ético, legal y técnico riguroso.
Por ahora, la ciudad espera que el Ejecutivo local tome cartas en el asunto y que, en el corto plazo, se implementen medidas preventivas en los puentes y pasos elevados más críticos, mientras se analiza la viabilidad de las propuestas presentadas en el Concejo.
Lo que está claro es que no se puede permitir que la rutina diaria de miles de conductores se convierta en un acto de alto riesgo por cuenta de piedras que caen desde el cielo.
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