Ayer, en plena diligencia de indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, fue capturada la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico. No es una detención por error o por confusión. Es la consecuencia de testimonios concretos del propio exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien ya aceptó cargos por concierto para delinquir y peculado, y quien señaló a la congresista como parte del entramado que desvió recursos destinados a comunidades indígenas en La Guajira.
El caso es sórdido en sus detalles. Se trata de un contrato para carrotanques —camiones cisterna para llevar agua potable a uno de los departamentos más pobres y sedientos del país— que terminó convertido en botín político. Según la Fiscalía y los declarantes, Peralta habría gestionado un contrato cercano a los $2.170 millones a cambio de apoyo político en el Congreso. No robaron de un fondo gris o de una partida técnica: robaron el agua de los wayuu.
Este episodio no puede leerse como un caso aislado. Es la continuación de una cadena que ya involucra contratos irregulares por más de un billón de pesos en la UNGRD, con 23 personas identificadas como partícipes según las propias declaraciones de López. A medida que avanza la investigación, el árbol va mostrando sus ramas: un exdirector confeso, un subdirector detenido, y ahora una senadora capturada. Y todos bajo el mismo techo político.
El gobierno del presidente Petro llegó prometiendo ser la antítesis de la corrupción. «La corrupción es el verdadero narcotráfico», dijo en su discurso de posesión. Cuatro años después, el mayor escándalo de corrupción de la República reciente lo protagonizan funcionarios de su propio gobierno y congresistas de su propia coalición. No es un detalle menor: es el resumen de una gestión.
Lo que hace aún más grave el caso Peralta es su timing. Colombia vota en dos días para elegir presidente. Y mientras la campaña del Pacto Histórico le pide a los colombianos que le den continuidad al proyecto, la Corte Suprema captura a una de sus senadoras por robar recursos para los pobres que ese mismo proyecto dice defender. La contradicción no podría ser más elocuente.
Algunos dirán que los delitos individuales no deben juzgar a un movimiento entero. Es cierto, hasta cierto punto. Pero cuando los casos se acumulan, cuando los testigos señalan redes, cuando los propios implicados aceptan cargos y empiezan a nombrar cómplices, ya no estamos hablando de manzanas podridas. Estamos hablando de un sistema.
Colombia merece instituciones que persigan la corrupción sin importar el color político del corrupto. En este caso, la Corte Suprema actuó con celeridad y decisión. Eso merece reconocimiento. Pero también merece reflexión ciudadana: ¿puede un proyecto político que prometió limpiar el Estado llegar al final de su mandato rodeado de este tipo de imputados?
El domingo los colombianos responden esa pregunta en las urnas. Antes de hacerlo, bien vale recordar lo que pasó ayer en los pasillos de la Corte Suprema.
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