La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha dado un paso firme en la protección de los derechos de los consumidores electrónicos en Colombia. En las últimas horas, el ente de control anunció la apertura de un pliego de cargos contra la sociedad D1 S.A.S., tras detectar una serie de irregularidades que habrían afectado la experiencia de compra de miles de ciudadanos en sus plataformas digitales.
La investigación no es un hecho aislado. Se fundamenta en un volumen crítico de descontento social: cerca de 13.000 quejas radicadas directamente ante la empresa durante el segundo semestre de 2024. Este aluvión de reclamos llevó a la Superindustria a realizar requerimientos de información y auditorías documentales que hoy derivan en este proceso administrativo.
¿Por qué investigan a D1? La SIC detecta 5 fallas clave en su canal digital
Tras el análisis preliminar, la autoridad identificó cinco pilares donde la cadena de tiendas de descuento habría fallado en sus obligaciones legales. Estos puntos revelan fallas estructurales en la logística y la transparencia de su canal de e-commerce:
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Fallas en pasarelas de pago: La SIC investiga errores técnicos que habrían derivado en dobles cobros a los usuarios o, en otros casos, transacciones fallidas que no permitieron concretar la compra a pesar de la retención de saldos.
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Calidad en entredicho: Un grupo de 700 quejas señala la entrega de productos vencidos o en mal estado, lo que supone un riesgo directo a la salud y una violación a los estándares mínimos de idoneidad.
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Crisis logística en las entregas: Se reportan al menos 1.200 incidentes relacionados con pedidos que llegaron incompletos, fuera de los plazos prometidos o que simplemente fueron cancelados sin una solución oportuna para el cliente.
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Publicidad engañosa: El pliego señala que D1 pudo haber incurrido en el ofrecimiento de precios y descuentos que, al momento del pago final, no coincidían con lo anunciado, induciendo al consumidor a un error económico.
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Falta de claridad en promociones: La entidad cuestiona la omisión de información crucial —como la vigencia de las ofertas, el stock disponible o las restricciones aplicables—, lo que vulnera el derecho a una información veraz y completa.
Por qué es importante: Es importante subrayar que, en esta etapa, la formulación de cargos no representa una condena anticipada ni una decisión definitiva sobre la responsabilidad de la compañía. Se trata del inicio formal de un proceso administrativo donde la presunción de inocencia sigue vigente.
Desde la Superintendencia se enfatizó que se brindarán todas las garantías procesales: “En el curso de la actuación administrativa se garantizará plenamente el derecho de defensa y contradicción de la sociedad, conforme a lo establecido en la ley”, señaló el organismo.
D1 S.A.S. tendrá ahora la oportunidad de presentar sus descargos y las pruebas que considere necesarias para desestimar los hallazgos de la SIC. De confirmarse las infracciones al Estatuto del Consumidor, la empresa podría enfrentarse a multas millonarias y a la imposición de medidas correctivas para sanear su operación digital.
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