La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos a una cervecera

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Se investiga por parte de la Superintendencia si Bavaria tuvo prácticas anticompetitivas frente a sus competidores en el mercado de cerveza, pero del otro lado, la empresa asegura que cumple “las normas de libre y leal competencia”.


Por: Redacción 360 Radio

Luego de que a la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) recibiera una queja por parte de la Central Cervecera de Colombia, el organismo se dispuso a determinar si la cervecera utilizó una estrategia orientada a obstruir el acceso o expansión de nuevos competidores en el mercado en cuestión; lo que se constituiría en competencia desleal. 

Dicha investigación se justificaría por el siguiente operar de Bavaria: “habría consistido en el aumento significativo y desproporcionado en el uso de cláusulas de exclusividad con establecimientos de comercio dedicados a la venta del producto para consumo directo. Con esta estrategia Bavaria habría obstruido el crecimiento de sus competidores en el mercado de cervezas”.

Algo que complementaron señalando que: “el comportamiento investigado pudo afectar a los consumidores del producto, pues los habría privado de los beneficios que ofrece un mercado en competencia con la entrada o expansión de nuevos competidores, más opciones, mayor diversidad de productos y mejores precios para los consumidores”.

Será Bavaria como compañía y José Luis Gonzáles Quiroz, quien fue presidente y vicepresidente comercial en la cervecera durante los años 2017-2020 quienes serán investigados por la Superintendencia.

Recordemos también que en noviembre del año pasado ya un tribunal de Bogotá se había pronunciado sobre el hecho, un fallo a favor de Bavaria: “respecto a este mismo asunto, el cual se encuentra en firme, en el que concluyó que los pactos de exclusividad que ha firmado la compañía con sus clientes no son desleales ni anticompetitivos”.

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Por último, es menester mencionar que de comprobarse los señalamientos, las multas hacía la cervecera podrían ser de hasta 100 millones de pesos por cada infracción al régimen de competencia (esto sin ningún recurso de apelación).

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