Hay semanas en que la democracia colombiana no muere de golpe sino de vergüenza. De la vergüenza acumulada de ver a sus instituciones producir decisiones tan arbitrarias, tan selectivas y tan descaradamente convenientes para un solo lado de la contienda que ya no cabe la interpretación caritativa, ya no alcanza el beneficio de la duda, ya no sirve el lenguaje diplomático que suaviza lo que hay que llamar, sin rodeos y sin miedo, por su nombre: un circo. Un circo con togas, con expedientes y con la apariencia formal de la justicia, pero un circo al fin.
Empecemos por lo más grotesco, porque lo grotesco merece ser el punto de partida.
La jueza Aura Forero prohibió a Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia en actos de campaña. En el país donde la camiseta amarilla es el símbolo más querido que tenemos, el único capaz de hacer llorar de alegría al mismo tiempo a un costeño y a un cachaco, a un rico y a un pobre, a un viejo y a un niño, una jueza decidió que Abelardo no puede vestirla porque eso constituye una ventaja indebida. Esa camiseta no le pertenece a ningún partido. Le pertenece a las madres que la cosen con orgullo, a los niños que la piden de regalo de cumpleaños, a los viejos que la abrazan cuando Colombia mete un gol. Es la tela más honesta que tiene este país. Y prohibirla es un acto tan pequeño, tan mezquino y tan revelador de la mentalidad que gobierna ciertos despachos judiciales que merece exactamente el escarnio público que estoy haciéndole.
Pero eso era apenas el calentamiento.
El Tribunal Superior de Bogotá fue más lejos. Ordenó a la campaña de Abelardo retirar toda publicidad que utilice símbolos patrios: la bandera, el escudo, imágenes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Y prohibió además el uso del eslogan Firmes por la Patria. Nuestra bandera. La bandera que cubre los ataúdes de los soldados que mueren defendiendo a este país en las selvas y en las montañas. La bandera que los colombianos en el exterior besan cuando ganan algo, cuando extrañan algo, cuando recuerdan de dónde vienen y sienten ese orgullo que no tiene traducción. La bandera que tremola en los colegios cada lunes mientras los niños aprenden a quererla. Esa bandera: prohibida. Ese escudo que lleva grabados los mares, las cordilleras y la abundancia de Colombia: prohibido. El eslogan que dice Firmes por la patria, que es lo más natural que puede decir un candidato presidencial: prohibido.
Y mientras tanto, la bandera del M-19 ondea libre.
Quiero que eso se entienda con toda su dimensión moral. La bandera de la organización guerrillera que el 6 de noviembre de 1985 tomó por asalto el Palacio de Justicia de Colombia, que masacró a once magistrados de la Corte Suprema, que quemó los expedientes del narcotráfico para hacerle el favor a Pablo Escobar, que dejó más de cien muertos entre civiles, magistrados y militares en dos días de horror que este país no ha terminado de llorar. La bandera del grupo armado que le robó la espada de Simón Bolívar a la Nación como si la historia de Colombia fuera un botín disponible para quien tuviera los fusiles suficientes. Esa bandera, manchada con la sangre de magistrados, de soldados y de civiles inocentes, ondea libremente en los mítines del petrismo, en las marchas de sus bases, en los escenarios donde se celebra la continuidad de un proyecto político que tiene en ese grupo sus raíces ideológicas más profundas y más confesadas.
Ningún juez se ha perturbado. Ningún tribunal ha ordenado retirarla. Ninguna tutela ha considerado que una bandera guerrillera empapada en sangre colombiana pueda constituir una ventaja indebida o una afectación a la igualdad electoral.
La bandera de Colombia: prohibida para quien quiere defenderla. La bandera del M-19: libre para quienes reivindican a sus asesinos. Si alguien puede explicar la coherencia jurídica de esa distinción, que lo haga con argumentos y con la cara descubierta. Yo no puedo, porque no la tiene. Porque no es coherencia jurídica. Es doble rasero. Es justicia selectiva. Es exactamente lo que destruye la confianza en las instituciones desde adentro con más eficacia que cualquier ataque externo.
Esto no es un ataque a la Rama Judicial en su conjunto ni una impugnación de todas sus decisiones. Colombia tiene jueces notables y Colombia los necesita. Pero precisamente porque la justicia importa, precisamente porque las instituciones valen y su credibilidad es un bien público que hay que proteger con ferocidad, es imperativo señalar sin ambages cuando algunos de sus integrantes producen fallos que no resisten el más básico examen de coherencia, proporcionalidad e igualdad de trato. Callar por deferencia institucional cuando la institución se ridiculiza a sí misma no es respeto. Es complicidad.
Y luego llegó el acto central del circo.
Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio como medida cautelar dentro de una investigación por presunta participación en política. La decisión abre interrogantes jurídicos legítimos y serios sobre si una investigadora de esa comisión tiene competencia para suspender cautelarmente al Presidente de la República. Pero hay otra pregunta que los constitucionalistas no harán y que yo sí hago: ¿a quién beneficia esta suspensión? La Constitución colombiana prohíbe a los presidentes en ejercicio hacer campaña política. Petro lleva meses usando la presidencia como tarima electoral con una desfachatez que ya ni disimula. Una suspensión provisional lo convierte temporalmente en ciudadano sin investidura. Un ciudadano sin investidura puede pararse en un escenario, calentar multitudes y movilizar bases sin la restricción constitucional que le pesa en el cargo. Y no es un detalle menor que Gloria Arizabaleta sea ex pareja de Roy Barreras, figura orgánica del petrismo. Puede ser una coincidencia. En política, las coincidencias de esta magnitud y de esta oportunidad no merecen ingenuidad. Merecen una mirada sostenida, fría y sin parpadear.
No afirmo que la suspensión fue orquestada. Lo que sí afirmo es que en estas elecciones hemos visto suficientes maniobras diseñadas con precisión quirúrgica para beneficiar a un lado y destruir al otro como para que el escepticismo no sea paranoia sino prudencia republicana elemental. A Abelardo le quitan la bandera. A Petro le abren la puerta. Y todo ocurre dentro del mismo sistema judicial, en las mismas semanas, con la misma naturalidad con que el agua moja y el sol quema.
Hasta aquí la denuncia. Ahora viene lo que más me importa decir.
Como ciudadano, exijo y propongo que Colombia construya una veeduría ciudadana permanente y organizada sobre las decisiones judiciales que afectan el proceso electoral. No como instrumento de presión política sino como ejercicio de transparencia republicana: que cada fallo que toque la contienda electoral sea documentado, publicado y analizado públicamente con los mismos raseros aplicados a todos los candidatos. Que la selectividad quede registrada. Que la asimetría quede expuesta. Que los jueces sepan que sus decisiones no caen en el vacío sino ante una ciudadanía que lee, que compara y que recuerda. Y que el día en que un gobierno republicano llegue a la Casa de Nariño, la reforma judicial que Colombia lleva décadas postergando no sea una promesa de campaña sino una deuda con la República que se paga desde el primer día de gobierno.
Como joven, le digo a mi generación que la batalla cultural es tan urgente como la electoral. Que no basta con votar el 7 de agosto, que votar es el piso mínimo y no el techo máximo de la responsabilidad cívica. Que mientras el populismo construye durante décadas una hegemonía narrativa en las universidades, en las redes, en los medios y en la cultura, la Colombia republicana no puede seguir creyendo que la verdad se defiende sola. Hay que construir pensamiento. Hay que ocupar los espacios que hemos abandonado por comodidad o por desdén hacia la batalla de las ideas, porque esa batalla es la que determina quién gana las elecciones dentro de veinte años. Y hay que hacer algo más inmediato y más concreto: hay que defender la bandera. Literalmente. Ondearla, exhibirla, amarrarla en los balcones, llevarla a los estadios, tatuarla en la piel si hace falta. Que ningún fallo judicial ni ninguna amenaza guerrillera nos quite el derecho de amar los colores que representan a todos los colombianos, a los muertos que los defendieron y a los vivos que todavía creemos que vale la pena seguir defendiéndolos.
Y como columnista, asumo el compromiso de no callar. De nombrar lo que hay que nombrar, de señalar lo que hay que señalar y de hacerlo con el rigor jurídico suficiente para que nadie pueda descartar la denuncia como exabrupto emocional. La prensa libre, la columna de opinión valiente y la voz pública que no le teme al costo de decir la verdad son parte del sistema de frenos y contrapesos de una democracia tanto como cualquier tribunal. Cuando los tribunales fallan, la prensa libre no puede fallar también.
Nuestra bandera no es de ningún partido. No le pertenece a ningún candidato ni a ningún gobierno. Le pertenece a Colombia entera, a sus muertos y a sus vivos, a quienes la han defendido con el cuerpo y a quienes la defienden con la palabra. Y mientras yo tenga voz, nadie va a convencerme de que ondearla es un delito y cargarla una ventaja indebida.
La toga puede prohibir la bandera.
Lo que no puede prohibir es el amor por la patria.
Y ese, que quede claro, no lo entregamos.
Por: Juan Diego Vélez Forero -@juandiegovelezf