La Universidad de Antioquia enfrenta un complejo panorama financiero que pone en duda su capacidad para cerrar el año 2026 con normalidad. A pesar de haber recibido un aporte adicional de $70.000 millones por parte del Gobierno Nacional, el presupuesto aprobado para este año cercano a los $2 billones solo alcanzaría para cubrir los gastos hasta noviembre.
La alerta fue encendida por el rector encargado, Héctor Iván García, durante su primera comparecencia ante los medios desde que asumió el cargo hace dos semanas. Según explicó, el cálculo presupuestal incluye no solo los recursos ordinarios y el aporte extraordinario del Gobierno, sino también un crédito de tesorería y los ingresos esperados por la venta de activos cuya enajenación fue autorizada hace más de una década y que aún no se ha concretado en su totalidad.
El presupuesto de la Universidad de Antioquia no alcanza para cubrir todo el año académico
“El análisis inicial indica que con estos recursos solo es posible operar hasta noviembre. Hoy no tenemos cómo garantizar el cierre financiero del año”, advirtió García, quien además señaló que el panorama podría agravarse una vez se incorpore el impacto del incremento del 23,7% en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, un ajuste que aún no ha sido plenamente incorporado en las cuentas de la institución.
Frente a este escenario, el rector aseguró que la administración buscará aumentar los ingresos y realizar ajustes al gasto con el objetivo de alcanzar un nuevo punto de equilibrio financiero. Al mismo tiempo, manifestó su intención de que la intervención del Ministerio de Educación sobre la universidad no se extienda más allá de 2026. “Mi idea es que estas medidas sean temporales. Yo mismo me jubilo a final de año”, dijo en tono distendido.
Durante la rueda de prensa, realizada en el Paraninfo de San Ignacio, también intervino el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, quien reiteró que la intención del Gobierno es levantar la vigilancia especial lo antes posible, siempre que se superen los problemas estructurales que afectan la estabilidad financiera de la alma máter.
Cabe recordar que en agosto del año pasado el Gobierno Nacional ordenó una inspección in situ y sometió a la Universidad de Antioquia a un régimen de vigilancia especial, luego de identificar un faltante cercano a los $179.000 millones para cerrar el año 2025. No obstante, el déficit acumulado de la institución superaría actualmente los $450.000 millones.
Entre las causas del desbalance financiero se señalan los altos costos asociados a la expansión regional de la universidad y la cartera pendiente de pago por parte de las EPS con la IPS Alma Máter, que superaría los $169.000 millones. Esta falta de liquidez llevó incluso a que profesores y personal administrativo salieran a vacaciones sin que se hubieran cubierto todas las obligaciones laborales y prestacionales.
García informó que estos pagos ya fueron normalizados y que actualmente existen cerca de $60.000 millones que permiten garantizar el flujo de caja en los próximos meses. En paralelo, el ministro Rojas explicó que, además del aporte extraordinario, el Gobierno ha girado $138.000 millones en recursos ordinarios durante el último mes y ha aumentado de forma significativa la contratación con la universidad.
Según el jefe de la cartera de Educación, el valor de estos contratos pasó de $13.400 millones a más de $262.000 millones, lo que representa un incremento del 762%. También anunció gestiones ante la Superintendencia de Salud para que EPS como Savia Salud y la Nueva EPS se pongan al día con sus obligaciones.
Adicionalmente, Rojas señaló que mediante vigencias futuras se garantizarán aportes por $228.000 millones en los próximos 10 años para financiar proyectos de regionalización, incluyendo la apertura de la Facultad de Ciencias de la Vida en Apartadó y nuevas obras de infraestructura en varios municipios del departamento.
Finalmente, el ministro hizo un llamado a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín para trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones que permitan asegurar la sostenibilidad financiera de una de las principales universidades públicas del país.
También puede leer: El golpe del ajuste al diésel: más de 830.000 carros afectados
