Hay noticias que no pueden convertirse en una cifra más. La muerte de Cristian David Garzón Castro, un joven de apenas 27 años que trabajaba como guarda de seguridad en la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha, debe conmovernos, pero también debe obligarnos a reaccionar. Cristian salió de su casa a trabajar, como lo hacen millones de colombianos todos los días, con la esperanza de regresar a su familia. No regresó.
Según la información conocida, Cristian intervino durante un intento de ingreso irregular al sistema y terminó siendo atacado con arma blanca. Una vida se apagó mientras cumplía con su deber. Detrás de esa tragedia hay una familia que hoy llora, unos compañeros que perdieron a uno de los suyos y una sociedad que no puede acostumbrarse a que la violencia termine imponiéndose sobre quienes simplemente están tratando de trabajar y salir adelante.
No podemos aceptar que una persona pierda la vida por intentar hacer cumplir una norma. Colarse en TransMilenio es una conducta que debe ser sancionada, pero ninguna infracción puede convertirse en una sentencia de muerte para un trabajador. No podemos llegar al punto en el que quien cumple la ley tenga miedo y quien la desafía crea que puede actuar con violencia e impunidad.
Por eso, hago un llamado urgente a las autoridades territoriales, a TransMilenio y a los organismos responsables de la seguridad del sistema. Necesitamos mayor presencia y vigilancia física en estaciones, portales y puntos críticos, así como protocolos claros para proteger a los trabajadores de seguridad y reaccionar oportunamente ante hechos de violencia. La prevención no puede aparecer después de una tragedia; debe estar antes de ella.
También necesitamos coordinación institucional. TransMilenio no entiende de fronteras administrativas: el sistema conecta Bogotá con Soacha . Por eso, la seguridad tampoco puede funcionar de manera fragmentada. Bogotá, Soacha, debe ser articulado entre alcaldías donde opera el sistema, la Policía y TransMilenio deben trabajar bajo una estrategia conjunta de vigilancia, prevención, intercambio de información y reacción. Los delincuentes se movilizan entre territorios; las instituciones también deben hacerlo, pero coordinadamente.
Y debemos hablar con claridad de quienes tienen antecedentes y vuelven a aparecer involucrados en hechos violentos. Si una persona ya ha tenido problemas con la justicia, debemos preguntarnos qué mecanismos están funcionando, cuáles están fallando y cómo evitar que vuelva a poner en riesgo a la ciudadanía. La reincidencia no puede convertirse en una condena para las víctimas. El Estado tiene la obligación de perseguir el delito, judicializar a los responsables y garantizar que las sanciones se cumplan dentro del marco de la ley.
También debemos fortalecer los controles frente a la delincuencia cometida por extranjeros, sin caer en generalizaciones ni señalar a una nacionalidad entera. Colombia es un país de puertas abiertas para quien venga a trabajar, estudiar y construir un proyecto de vida honesto. Pero quien llegue a nuestro territorio para delinquir debe encontrarse con un Estado firme. Se necesitan mejores mecanismos de identificación, verificación de antecedentes, cooperación internacional y aplicación efectiva de las medidas migratorias que establece la ley cuando correspondan.
Esto no se trata de nacionalidades. Se trata de seguridad y de cumplimiento de la ley. El extranjero que respeta nuestras normas merece todas las garantías; quien las viola y comete delitos debe responder ante las autoridades colombianas y, cuando jurídicamente corresponda, enfrentar las consecuencias migratorias establecidas por la legislación. Cristian no era una estadística. Era un joven, un trabajador, un hijo, un familiar, una persona con sueños y proyectos. Su familia no debería estar preparando una despedida; debería estar esperando que regresara de su jornada laboral.
A su familia quiero expresarle mi solidaridad y mi compromiso. La muerte de Cristian no puede quedar solamente en una investigación y una noticia de un día. Tiene que servir para preguntarnos qué debemos cambiar para que ningún trabajador vuelva a morir por cumplir con su deber.
Como senador, seguiré defendiendo una política de seguridad que ponga en el centro la vida, proteja al ciudadano que trabaja y garantice que quien delinque responda ante la justicia. Porque cuando un trabajador sale de su casa, el Estado tiene la responsabilidad de hacer todo lo que esté a su alcance para que pueda regresar.
La vida de un colombiano no puede valer menos que un pasaje. La seguridad de quienes trabajan todos los días por este país no puede seguir esperando.
Por: Óscar Sánchez León – @OscarSanchez10_
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