Las asambleas departamentales son poco apetecidas

El rol principal de un diputado es ejercer control político sobre los gobernadores, secretarios de despacho, gerentes y directores de institutos descentralizados.


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En otrora, ser diputado de un departamento era un gran cargo; representaba una posición de máxima importancia, tenía jerarquía, era respetado; consultado casi a diario por medio de comunicación, además de ser invitado permanente a los claustros universitarios y era la voz destacada para abordar temas de interés departamental.

Su salario era significativo, tenían amenidades bastante notables, pero con el pasar del tiempo y luego de la Constitución de 1991, las asambleas departamentales recibieron un golpe casi de muerte, que hace que en la actualidad estas corporaciones sean poco apetecidas.

En los 32 departamentos de Colombia, tomando por ejemplo a Antioquia, el cual está compuesto por 125 municipios, se requieren entre 27.000 y 45.000 votos para alcanzar una curul en la Asamblea de Antioquia, dependiendo claro está, del partido y las condiciones de cada elección.

Esto se asemeja tácitamente a una campaña a la Cámara de Representantes, que no entraremos a decir las diferencias pues son evidentes para los que conocen, pero ser representante a la cámara es un millón de veces mejor que ser diputado en cualquier departamento.

Ser diputado con departamentos de menor tamaño y menor población, claramente no será costoso ni difícil, pero en los departamentos que cuentan con una amplia topografía la situación es diferente. En el caso de Antioquia, la densa montañosa y amplia selva hace que los desplazamientos de un candidato sean costosos, inseguros y bastante desgastantes.

El rol principal de un diputado es ejercer control político sobre los gobernadores, secretarios de despacho, gerentes y directores de institutos descentralizados. Aunque en teoría gozaban de un presupuesto propio y hoy algunas fuentes académicas sustentan y respaldan eso, lo cierto es que a diferencia de un concejo municipal, la asamblea no tiene un presupuesto propio.

Si tomamos el Concejo de Medellín, aquí gozan de presupuestos de libre inversión, y por asuntos de impuestos, el dinero es transferido directamente al Concejo, permitiéndole a este asegurar sus gastos, salarios, desplazamientos, logística, comunicaciones, etc.

Las asambleas están conformadas por no menos de 11 diputados y no más de 31, según el censo electoral de cada departamento. Tienen la calidad de ser servidores públicos y lo que más apremia de todo esto es que, en el caso de Antioquia, los diputados muchas veces están amarrados a las directrices, voluntades, caprichos y necesidades del Gobernador.

No lo hablamos en contexto del actual Gobierno, sino en el contexto de todos los gobiernos que ha tenido Antioquia. Un gobernador tiene la posibilidad maquiavélica de darle un “dulce” a los diputados, llamando a sesiones extra para que reciban un dinero adicional.

Los gerentes de las entidades más poderosas tienen mayor capacidad financiera y de persuasión sobre los diputados. De igual manera los secretarios de despacho con la planta de cargos que tienen a su disposición.

Por eso, lo que invierte un diputado en su campaña es axiomáticamente imposible de recuperarlo y muchos de ellos tienen que ceder ante las presiones del ejecutivo, no solamente para poder mantenerse en su curul durante el periodo que lo desee, sino para tener espacio, gobernabilidad y comunicación con el Gobierno departamental.

Un diputado en oposición que no sea de izquierda sí que sabe pasar las verdes y las maduras. Esto ha hecho que las asambleas departamentales del país sean menos apetecidas en este año electoral.

El caso es muy claro, mientras el Concejo de Medellín tendrá más de mil precandidatos, la asamblea de Antioquia no superará los 200 precandidatos.

En ese asunto llama la atención que ninguna junta de diputados en el país o alguna asociación, lidera una campaña para devolverle la importancia necesaria a las asambleas en los departamentos, pues estamos teniendo “una herramienta de control político”, pero es casi de adorno por no tener la suficiente autonomía, poder y presupuesto para ejercer esto con completa independencia.

Las asambleas deben ser reformadas y reforzadas o ser eliminadas, lo que nos acercaría mucho más a la tiranía de los gobernadores. Es una decisión aplazada que ha estado en silencio, que nadie ha querido tocar o tienen pereza de hacerlo, pero si se quiere garantizar un óptimo desarrollo o un óptimo proceso político para los departamentos en beneficios de ellos, es necesario fortalecer las asambleas departamentales.