Por: Federico Hoyos Salazar
El más reciente estudio de opinión de la Revista Semana presenta algunas cifras sobre la percepción y opinión de la ciudadanía respecto al proceso de paz que merece la atención del gobierno en lo que algunos denominan “la recta final” de la negociación de La Habana. Los temas cruciales a examinar son: castigo a crímenes y participación política de FARC.
Empecemos haciendo un contexto general sobre el clima de opinión reciente sobre los diálogos de paz. El optimismo en la negociación ha aumentado al 46%; el apretón de manos entre Santos y Timochenko cayó bien entre el 55% de los encuestados, y el optimismo en el país aumentó al 44%. Algunas conclusiones sobre estas cifras: En uno de los mejores momentos del proceso de paz, la opinión permanece dividida. A pesar del crecimiento en los temas en mención, la mitad o más de la mitad del país no es optimista frente al estado de las negociaciones, considera que el país va por mal camino y no recibió bien el apretón de manos del presidente de Colombia y el máximo cabecilla de las FARC.
A pesar de la polarización en los temas anteriormente expuestos, encontramos otras materias en donde hay mayor acuerdo entre los encuestados. En este sentido, el 80% considera que alias Timochenko no puede ir al Congreso; 71% rechaza la idea de que guerrilleros y militares que cuenten la verdad no deban ir a la cárcel; 59% considera que debe haber castigo severo para los delitos cometidos; 72% no cree en la voluntad de paz de las FARC y 67% no cree que FARC cumplirá los acuerdos pactados con el gobierno.
Comparando los anteriores bloques de resultados de la encuesta, podemos evidenciar una marcada polarización respecto al estado de los diálogos de paz y el futuro del país, pero encontramos mayor consenso respecto a que las FARC paguen cárcel, sus cabecillas no puedan participar en política, y que aunque la verdad es un elemento importante para la reconciliación, ésta debe ir acompañada de castigo efectivo. Atención: castigo efectivo, no simbólico o “bajo condiciones especiales”. El gobierno está en la obligación de explicar detalladamente en qué consistirá el castigo a las FARC.
En este sentido, si el gobierno persiste en la idea de otorgar penas simbólicas a las FARC, y en aplicar la incomprensible fórmula de “restricción de la libertad en condiciones especiales” además de permitir que cabecillas de dicha organización criminal pueda participar en política, entonces estarán el gobierno y sus aliados yendo en franca contravía de la amplia voluntad de la ciudadanía.
Ahora bien, está el tema de la refrendación popular, que en teoría será el mecanismo para aprobar o desaprobar lo acordado en La Habana, esto suena bien, no obstante si dicha refrendación se limita a una única pregunta sobre si los colombianos queremos o no la paz en Colombia, entonces se estará haciendo una trampa a la democracia bajo una absurda reducción de 3 años de negociaciones a una amplia y cautivante pregunta que por supuesto será votada de manera favorable.
Aunque la mayoría quiere que los diálogos continúen, el gobierno no puede ignorar que la ciudadanía demanda penas reales y efectivas para quien haya cometido crímenes, y que la participación política de autores de crímenes atroces no es una opción. Si realmente el gobierno quiere un acuerdo de paz a la medida de la voluntad de los colombianos y no de las FARC, es necesario que efectúe cambios en materia de castigo y participación política, de lo contrario el anunciado “fin del conflicto” no será más que un efímero titular de prensa.