Todo inició con un trino de Federico Gutiérrez quien afirmó que recibió información de que el Gobierno Nacional estaría planeando intervenir a EPM.
El alcalde de Medellín explicó que “no existiría fundamento alguno para que se tome esta decisión que sería catastrófica no solamente para Medellín sino también para Colombia”. Sin duda, es una situación que plantea serios inconvenientes, desarrollos y consecuencias en caso de ser cierta.
Lo que pasaría con EPM, Medellín y el Gobierno
El alcalde asume un riesgo en el sentido de que es una información de alto calibre, una información que de ser verdadera demuestra una fractura adicional entre el Gobierno central y la región de Antioquía, pues se estaría metiendo con la joya de la corona de los antioqueños.
Aún más cuando no hay razones de peso ni indicadores que avalen una intervención, estaríamos hablando de un hecho político y no administrativo.
Es clave señalar que EPM tiene presencia en el Eje Cafetero, en el Caribe colombiano y en Antioquia, por lo que se vería un ánimo estatizador por parte de Petro que busca agitar los ánimos en un momento convulsionado para el país, porque si ha existido una empresa que ha sido exitosa y responsable, de las más grandes del país es EPM; por ende no tiene lugar una intervención.
En los últimos minutos el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho entregó sus argumentos y le respondió a Fico: “Alcalde, ¡al contrario! Desde ayer estamos trabajando con EPM en Medellín y tal como conversamos, estoy a la espera de nuestra cita esta tarde, para definir estrategias que nos permitan superar unidos esta fase final del fenómeno de El Niño”.
Alcalde, ¡al contrario!
Desde ayer estamos trabajando con @EPMestamosahi en Medellín y tal como conversamos, estoy a la espera de nuestra cita esta tarde, para definir estrategias que nos permitan superar unidos esta fase final del fenómeno de El Niño. https://t.co/3qRTSWOP6m pic.twitter.com/mLYVUPsDGf— Andrés Camacho M. (@andrescamachom_) April 19, 2024
El papel de la CREG con EPM
La CREG tiene la facultad de intervenir una empresa de servicios públicos, así como el país ha visto que la SuperSalud tiene facultades para intervenir en unos casos específicos en compañías que están vigilidadas pues incumplan ciertos indicadores.
La misión objetiva de una intervención es poder remover administradores como revisor fiscal, junta directiva, consejo de administración, gerente. El Gobierno entra a nombrar un interventor y a administrar supuestamente con el objetivo de normalizar la operación y luego devolverla a sus propietarios originales.
Cuando esto no sucede pues se procede a la liquidadación de esta empresa, lo que resulta en la parte A-Política.