Los eventos recientes en el norte de Antioquia, donde una numerosa caravana de camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se desplazó con ex guerrilleros, reflejan la pérdida de control del Estado sobre esta entidad.
La UNP, una entidad estatal responsable de proteger a individuos en riesgo, se ha visto involucrada en situaciones donde se ha permitido el transporte de elementos prohibidos y personas buscadas por la justicia. El actual director de la UNP reconoció que en estos vehículos no deben transportarse elementos ilegales ni personas sin la debida protección.
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Una situación realmente grave pues el Estado colombiano y sus contribuyentes están indirectamente financiando actividades criminales. Camionetas del Estado, con combustible y funcionarios pagados por impuestos, están siendo utilizadas para transportar armas ilegales, dinero proveniente del narcotráfico y a criminales de guerra. La UNP, en lugar de proteger, facilita el accionar de estos delincuentes.
El incidente del martes, donde unidades militares se enfrentaron a una caravana de la UNP durante cuatro horas, puso en evidencia la ineficacia de las fuerzas armadas y el riesgo al que se exponen. La posibilidad de una emboscada estaba latente, recordando acciones recientes de estos grupos en los que han muerto soldados y policías.
El presidente Petro, al confiar en la supuesta división entre las disidencias de las FARC, podría estar cometiendo un error. Mientras se combate a unos con toda la fuerza en el cañón del Micay, otros son liberados de órdenes de captura, lo que facilita su movimiento y accionar criminal.
La Fiscalía también tiene un papel crucial en esta situación. Si existen personas en una caravana con exoneraciones o salvoconductos, no debe haber dudas sobre su estatus. Sin embargo, si hay personas buscadas por delitos, deben ser capturadas y procesadas, sin importar el proceso de paz en curso.
En conclusión, es preocupante pensar que la aparente división de las disidencias de las FARC sea una estrategia para continuar con sus actividades ilegales mientras dialogan con el gobierno. Es imperativo que el gobierno revise lo que sucede en la UNP y que los diálogos con grupos criminales lleguen a buen puerto, sometiéndolos a la ley. Solo así los ciudadanos de bien podrán gozar de una paz y tranquilidad que Colombia ha anhelado por tantos años.
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