En medio del proceso judicial por el escándalo de corrupción que golpeó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, volvió a tomar la palabra ante la justicia para insistir en su solicitud de libertad por vencimiento de términos.
Durante una extensa intervención ante la jueza de control de garantías, la exfuncionaria expuso una serie de cuestionamientos que, según su defensa, dejan en evidencia inconsistencias en el proceso en su contra.
Sandra Ortiz denuncia fallas en el proceso y cuestiona a la Fiscalía en el caso de corrupción de la UNGRD
Ortiz, privada de la libertad desde diciembre de 2024, centró su argumentación en lo que considera una vulneración sistemática de su derecho al debido proceso. De acuerdo con su versión, en repetidas ocasiones ha solicitado la práctica de pruebas documentales, testimoniales y técnicas con el objetivo de controvertir la tesis de la Fiscalía, pero asegura ha encontrado obstáculos que han limitado su capacidad de defensa.
Uno de los puntos más sensibles de su intervención tuvo que ver con el acceso a la evidencia. La exfuncionaria señaló que no cuenta con herramientas suficientes para enfrentar el volumen probatorio presentado por el ente acusador, el cual, según dijo, supera los cien mil archivos organizados en múltiples carpetas. En ese contexto, cuestionó que solicitudes clave, como la obtención de registros relacionados con personas mencionadas en la investigación, hayan sido negadas o entregadas de forma incompleta.
Para Ortiz, esta situación genera un desequilibrio que afecta directamente la posibilidad de ejercer una defensa efectiva. En su intervención, insistió en que su interés ha sido esclarecer los hechos y aportar a que se conozca la verdad completa, no solo en lo que respecta a su caso, sino también en relación con el alcance del escándalo que salpicó a distintos sectores políticos.
Otro de los ejes de su defensa se centró en las diferencias entre la imputación de cargos inicial y el posterior escrito de acusación. Según explicó, en la audiencia de imputación se le vinculó con presuntas irregularidades en contratos relacionados con el suministro de agua en La Guajira, un punto que afirma desapareció por completo en la acusación formal presentada por la Fiscalía.
Esa modificación, sostuvo, no es menor. A su juicio, la eliminación de ese componente evidencia debilidades en la construcción del caso en su contra y plantea interrogantes sobre la solidez de las acusaciones que sustentaron su privación de la libertad. Ortiz también cuestionó que, pese a estos cambios, su situación jurídica no haya sido revisada con mayor celeridad.
En esa misma línea, la exconsejera hizo referencia a otro contrato, esta vez en el municipio de Repelón, Atlántico, que actualmente hace parte del núcleo de la acusación. Según su relato, existen inconsistencias en los montos y en la existencia misma del contrato, lo que, en su concepto, refuerza la necesidad de un análisis más riguroso por parte de la justicia.
Además, lanzó críticas directas al proceder de la Fiscalía, señalando que, en algunos momentos del proceso, se han utilizado referencias jurídicas que no corresponderían al contexto de su caso. Estas actuaciones, aseguró, generan confusión y afectan la transparencia del proceso judicial.
Ortiz también destacó su disposición a comparecer ante la justicia, subrayando que ha asistido a todas las diligencias de manera presencial y ha mantenido una actitud de colaboración. No obstante, expresó su inconformidad por el tiempo que lleva privada de la libertad, que ya supera los 500 días, sin que según su versión se hayan resuelto de fondo las inconsistencias que denuncia.
La audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos continuará en los próximos días, en una decisión que será clave no solo para la situación jurídica de la exfuncionaria, sino también para el rumbo del proceso. Mientras tanto, sus declaraciones vuelven a poner sobre la mesa las tensiones entre la defensa y la Fiscalía en uno de los casos de corrupción más relevantes del país en los últimos años.
