Por: Guillermo García Realpe
El año legislativo que terminó fue bastante productivo en materia de resultados, especialmente para la Comisión Quinta, célula congresional que presido hasta el próximo 20 de julio.
Desde nuestra Comisión Quinta, realizamos un total de 50 sesiones, de las cuales 18 fueron para debates de control político y los 32 restantes para dar trámite a importantes iniciativas. Asimismo, realizamos 16 audiencias públicas sobre diversos temas de interés nacional y un foro sobre temas energéticos.
Promovimos también en calidad de ponente varios proyectos que finalmente se convirtieron en Leyes de la República, como, por ejemplo, la Ley 2046 del 2020 – o Ley de Compras Públicas Locales. Una Ley que permite la reactivación de los pequeños y medianos productores, también de las organizaciones y asociaciones de campesinos que serán favorecidos con la compra de sus productos de manera directa por parte de las entidades del Estado. La ley pretende, que los campesinos y demás asociaciones vendan sus productos a precios justos, eviten la intermediación y dinamicen la economía de sus regiones.
De igual forma, sacamos adelante la Ley 2056 de 2020 “Por la cual se regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías”. Es una iniciativa que tiene enormes bondades en el componente ambiental, sector que puede llegar a percibir cerca de un billón de pesos al año, lo que equivale a un 142% más de los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación para el 2020.
De nuestra propia cosecha radicamos varios proyectos de ley que ya hacen su curso en el Congreso de la República, como el proyecto que prohíbe el uso del glifosato y sus derivados en la implementación de la política nacional de drogas.
También el Proyecto de Ley 432 de 2021 “Por medio de la cual se otorga el Reconocimiento Jurídico Diferencial a los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento forzado en Colombia”.
El Proyecto de Ley 306 de 2020 “Por medio del cual se declara el año 2021 como el año nacional de los Océanos y se ordena la conmemoración del día de los Océanos el 8 de junio de cada año”, también radicamos un proyecto en defensa de las 350 mil familias paneleras para que tengan garantías y mejores condiciones para la producción de éste producto insigne de los colombianos. Todas estas iniciativas van de la mano con nuestros postulados de defensa del territorio, del sector agrario, de la naturaleza y de la vida.
Sin embargo, estos resultados contrastan con el poco rendimiento del Congreso. En términos generales, el país esperaba de su poder legislativo, muchos más avances, sobre todo de corte social, pero no los hubo. En estos tiempos de crisis por cuenta de la pandemia fueron muy pobres las iniciativas encaminadas en ese sentido.
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El Congreso se quedó corto, no llenó las expectativas de millones de colombianos que reclamaban mayor protagonismo del órgano más importante de la democracia. Si bien se aprobó el proyecto de ley contra la comida chatarra, y la iniciativa que prohíbe los vehículos de tracción animal en un término de cinco años en Colombia, en otros temas de suma importancia el gobierno quedó en deuda, por ejemplo, con la aprobación del proyecto del Tratado de Escazú y la aprobación de legislación agraria en favor de los campesinos colombianos.
Quienes estamos en orillas diferentes a las bancadas gobiernistas, buscamos por todos los medios liderar iniciativas como la Renta Básica Mensual que poco eco tuvo en el gobierno y la cual buscaba una compensación económica de un salario mínimo para por lo menos nueve millones de familias, que representan a más de 30 millones de colombianos que están pasando serias dificultades por estos tiempos de pandemia.
De igual manera, nos sumamos a las voces que clamaban el hundimiento de la reforma tributaria, una iniciativa regresiva e impopular que atentaba gravemente contra el bolsillo de la clase media y de las familias más vulnerables. Pero hay que decir también que, gracias al estallido social y a la presión ciudadana, a través del Paro Nacional fue vital para la caída de ese proyecto.
La protesta social sirvió para precipitar la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, un funcionario que no estaba sintonizado con la realidad del país. Pero de paso, las manifestaciones ciudadanas también sirvieron para conseguir el hundimiento de la reforma a la salud, tan nociva, pues privilegiaba el bien particular por encima del interés colectivo, convirtiendo a la salud una vez más en un negocio y no en un derecho fundamental para la gente.
Apoyamos iniciativas como las del Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF-, que permiten la oxigenación económica para las pequeñas y medianas empresas tan golpeadas por la crisis de la pandemia y que les garantizará un respiro en estos tiempos difíciles. El PAEF beneficia a más de dos millones de colombianos.
Ahora, desde la Comisión de Paz del Senado, recorrimos bastas regiones del país tan golpeadas por fenómenos de violencia que generan diversas crisis sociales, vulneración de los Derechos Humanos, destrucción del tejido social y una reclamación generalizada de la ciudadanía buscando que alguien los escuche. Fue así, como estuvimos presentes en ciudades como Cali, Popayán, Sincelejo, Bogotá, y municipios tan afectados por casos recientes de violencia como Samaniego y Chachagüi en Nariño, Santander de Quilichao en el Cauca, y regiones tan convulsionadas como el Catatumbo, entre otras.
En Bogotá, tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para presentar un informe detallado de las manifestaciones dentro del marco del paro nacional que empezó el 28 de abril en Colombia. De modo que la Comisión de Paz, se convirtió en un vehículo importante para que los ciudadanos interactúen con un órgano de representación legítimo que válida las más valiosas expresiones del pueblo.
De manera que le cumplimos una vez más al país y a los colombianos, nos sintonizamos con sus justas reclamaciones y nos convertimos en sus voceros para buscar soluciones colectivas que permitan poner fin a sus problemáticas. Esperamos que el último año legislativo, el Congreso se reivindique con el país y atienda los grandes temas nacionales, que tramite las esperadas y urgentes reformas y que apoye al ciudadano del común tan desprotegido por los gobiernos.
Por nuestro lado, podemos decirle a Colombia que una vez más le cumplimos.