El expresidente Uribe afirmó que no reconocía la legitimidad a la Comisión de la Verdad. Esta, como las otras instituciones creadas en el marco del pacto con las Farc, tiene un déficit de legitimidad insuperable.
Por: Fernando Londoño
Recordemos que Santos y las Farc sujetaron la aplicación de lo pactado a la refrendación ciudadana. Santos y de la Calle afirmaron múltiples veces que la votación popular era una “garantía” y que, si ganaba el No, “se acaba el proceso de paz”.
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A pesar de que el campo estaba abiertamente desnivelado a favor del SI, ganó el NO. Alegan que hubo un nuevo acuerdo. Falso. Los cambios hechos a lo rechazado en el plebiscito no incorporaron los puntos fundamentales que plantearon los líderes del NO. El pacto fue “aprobado” en el Congreso por una mera “proposición”. Por mucho que se le haya dado un barniz de legalidad a través de la Constitucional, en abierta contradicción con lo que ella misma había sostenido antes, la implementación del pacto se ha construido con base en una flagrante violación de la democracia.
Con independencia del plebiscito, el acuerdo no hace parte por sí mismo del ordenamiento jurídico. Fue un pacto de gobierno que nunca generó obligaciones jurídicas y que en el momento en que ganó el NO dejó de ser obligatorio incluso para los firmantes.
Algunos aspectos sí fueron introducidos después en el ordenamiento jurídico a través de reformas constitucionales o de leyes. Ahora, en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Se pueden hacer reformas constitucionales o leyes para eliminar o modificar lo introducido. O se puede volver a someter el pacto, en todo o en parte, a otro proceso de refrendación popular.
La prudencia, la oportunidad, la conveniencia de abordar esos cambios es cuestión distinta. Dependerá del nuevo gobierno y de si tendrá o no mayorías en el Congreso y en la ciudadanía.
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Sin duda sería insensato devolver al monte a los desmovilizados y hay que darles garantías de seguridad y de subsistencia. No dudo tampoco de que es indispensable revisar lo pactado, sin prevenciones, con base solo en los resultados reales de lo que se ha puesto en práctica, en materia de narcotráfico, que nos inundó de cocaína e incrementó la violencia homicida, o el uso de la JEP como instrumento de venganza contra aquellos que persiguieron a las Farc. O sus costos económicos, hoy impagables y que, en todo caso, hay que exigirle sin dilación y con firmeza a las Farc el cumplimiento de lo pactado.