En lo que va del año, más de 1.800 colombianos se han declarado en quiebra

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En 2019 aumentó en un 17% el número de colombianos que se declararon insolventes económicamente con relación al año pasado. En Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia se tramitan el 70% de las insolvencias.


Por: Redacción 360 Radio

De acuerdo con estudio revelado por la firma Insolvencia Colombia, más de 1.800 colombianos se han acogido a la ley de insolvencia en el 2019.

La organización afirmó también que cerca del 60% de los más de 6.800 colombianos que han asesorado en los últimos años para declararse insolventes económicamente, son hombres.

De igual forma, el análisis estableció que el 81% de las personas que se han acogido a la ley de insolvencia son profesionales con empleos bien remunerados, y el 57% con ingresos superiores a los 4 millones de pesos.

“Esto evidencia que la insolvencia aplica a quienes no saben manejar sus finanzas y no a quienes no tienen un poder adquisitivo”, explica Leonardo Novoa, Analista de Datos de Insolvencia Colombia.

Otro de los datos que arrojó el estudio es que los acuerdos de pago se dan en 6 de cada 10 trámites de insolvencia, lo cual según la compañía que ejecutó el estudio, demuestra que el procedimiento está siendo utilizado para lo cual fue diseñado: acercar a las partes a soluciones de conflictos mediante la negociación de deudas.

En tipos de perfiles del insolvente, se evidencia también que las personas con hijos representan el 72% de las personas que buscan la insolvencia, mientras que las personas con pareja representan el 49%.

A nivel nacional, las regiones donde se efectúan el mayor número de insolvencias son Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia, pero la capital de la República es quien lidera, pues allí se solicitan el 71% de las insolvencias a nivel nacional, siendo las localidades de Suba, Chapinero, Kennedy, Engativá y Usaquén, donde se concentran el mayor número.

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Cabe recordar que La ley de insolvencia de persona natural (ley 1564) se estableció en el 2012 como un “salvavidas” y una segunda oportunidad para aquellas personas naturales no comerciantes que están en mora con sus obligaciones financieras, para que puedan renegociarlas con sus acreedores, mientras que les suspenden procesos de embargo.

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