EDITORIAL
Nuestro editorial para hoy jueves 6 de octubre quisiera hablar de la licencia social de la minería en Colombia.
Colombia tiene más de 46 proyectos mineros claves en distintas regiones, cerca de 30 como oportunidades en producción de oro y cobre proyectados hacia el 2024. Más de USD$5.000 en inversiones, más de 7.000 empleos generados.
Este sector ha tenido que convivir con los fenómenos de la ilegalidad, esa minería que destruye nuestros páramos, bosques, selvas y ríos ligados a carteles de narcotráfico; también tratando de contener los retos de la transformación energética que demanda, sí o sí y que no quede ninguna duda de esto, minería.
Todos los proyectos que buscan concretar a Colombia como un país que le apuesta al carbono neutro, a una sostenibilidad, a luchar contra el cambio climático están cumpliendo diferentes parámetros de seguridad, sostenibilidad y sobre todo de impacto social.
La licencia social en la minería ha sido un término relativamente nuevo y es cuando un proyecto tiene la aprobación y la aceptación general de las comunidades que están en cercanías a las actividades de exploración y futura explotación. Esto lo que busca es crear no solamente una sana convivencia sino una armonía entre las personas, los trabajadores, los entes de gobierno que siempre persigan el beneficio colectivo, no los intereses particulares.
Se habla de que las comunidades tienen que participar activamente de estos proyectos y lo pueden hacer a través tanto de recursos legales como de mesas de concertación, conversación y deliberación con la empresa privada. Además, es claro que operar sin esta licencia tiene unos grandes riesgos en términos políticos, sociales, de seguridad y económicos.
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Los principales proyectos de este sector en Colombia se la han jugado toda por el mejoramiento de viviendas, la construcción de viviendas, la construcción de establecimientos de salud, mejoramiento de vías, construcción de vías, impacto en la educación de las personas que están en las áreas cercanas al proyecto, mejoramiento en la seguridad, aportar a programas sociales, culturales, alimentarios.
Hoy muchas mineras están cumpliendo el papel del Estado sin quejarse, sin presentar ningún pretexto para no hacerlo. Lo están haciendo porque creen en el poder de la licencia social. Esos proyectos mineros que tienen tantos impactos para unos serán muy malos, para otros serán buenos, siempre que esté en el marco de lo legal en Colombia está cumpliendo con uno de los estándares más altos del mundo, no solamente se concentra en evitar huelgas, invasiones de la propiedad privada, bloqueos o protestas.
Realmente lo que se está haciendo en Colombia es una minería responsable que hace años sufría muchísimos por esa falta de la licencia social, porque llegaban empresas extranjeras con sus millones de dólares tratando de arreglar todo como lo arreglaban en sus países pero no se daban cuenta de que acá el contexto era completamente distinto.
Esa licencia social debe tener un impacto bajo en el costo de la energía, en el capital, en la emisión de gases de efecto invernadero, tiene que perseguir una operación eficiente con buenas personas en su organización en todos los niveles, tienen que generar un impacto social, una generación de valor.
Dicha licencia social que se está cumpliendo en el país debe tener el respaldo del gobierno, esto no es un tema de izquierda, de derecha, de estar en contra o a favor de la minería; se han presentado las rutas del hidrógeno, de la transformación energética, de la transición hacia la movilidad eléctrica y sostenible, hay más de 70.000 usuarios con accesos a energía eléctrica con recursos públicos, hay toda una cruzada desde hace muchos años por proteger nuestros bosques, selvas, páramos y ríos, y en eso las mineras también están trabajando.
La licencia social es una prenda de garantía para que este sector tenga toda la estabilidad, el respaldo y sobre todo la confianza del gobierno nacional.
