La empresa Lili Pink fijó su posición frente a las investigaciones que adelantan las autoridades por presuntos delitos de lavado de activos y contrabando. A través de su equipo de defensa, encabezado por el abogado Iván Cancino, la compañía emitió un comunicado en el que rechaza los señalamientos y subraya que, hasta el momento, no existe una decisión judicial en firme que respalde dichas acusaciones.
Panorama general: En el pronunciamiento, la firma enfatiza que las indagaciones se encuentran en una etapa preliminar y que, en consecuencia, cualquier conclusión anticipada carece de sustento legal. En esa línea, insiste en que todas sus operaciones comerciales cuentan con los soportes y registros exigidos por la normativa vigente, incluyendo declaraciones de importación y comprobantes de pago.
La defensa de la compañía también destacó que las actuaciones administrativas relacionadas con el caso aún están siendo controvertidas ante las autoridades competentes, por lo que no pueden considerarse como pruebas definitivas de irregularidad. Según el documento, los hechos mencionados forman parte de un proceso en curso que deberá resolverse en instancias judiciales.
Caso Lili Pink: empresa rechaza señalamientos por lavado de activos y pide respeto al debido proceso
La empresa advirtió sobre posibles inconsistencias entre las cifras que han circulado públicamente y los valores reales asociados a las actuaciones administrativas, un punto que, asegura, deberá ser aclarado en el desarrollo del proceso.
Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones sobre un supuesto entramado financiero que habría movilizado recursos millonarios en el país, en un caso que sigue generando atención en el sector empresarial y en la opinión pública.
Por qué es importante: La compañía reiteró su compromiso con la legalidad, recordó que genera miles de empleos directos y señaló que continuará colaborando con las autoridades, al tiempo que ejercerá plenamente su derecho a la defensa y pidió respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso.
En ese contexto, el pronunciamiento también hace un llamado a la prudencia en el manejo de la información pública, advirtiendo que la difusión de versiones no verificadas puede afectar la reputación empresarial y el desarrollo normal de sus actividades. La empresa insistió en que será en los estrados judiciales donde se definan los hechos y responsabilidades, por lo que reiteró su disposición a aportar las pruebas necesarias para esclarecer la situación.
