La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre inmediato de los restaurantes Andrés D.C, en Bogotá y de Andrés Carne de Res, en Chía, tras detectar graves deficiencias en sus sistemas eléctricos y de gas combustible. La medida, de carácter preventivo, busca proteger la vida, la salud y la seguridad de los clientes y trabajadores que frecuentan estos establecimientos.
SIC clausura temporalmente las sedes de Andrés D.C. en Bogotá y Andrés Carne de Res en Chía
De acuerdo con el comunicado de la entidad, las inspecciones realizadas el 10 y 11 de septiembre de la presente anualidad, se evidenciaron deficiencias críticas en las instalaciones de ambos locales. Entre los hallazgos se encontraron conductores eléctricos expuestos a daños físicos, ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, falta de ventilación adecuada en áreas con gas, uniones sin protección anticorrosiva y carencia de dispositivos de seguridad exigidos por la normativa técnica vigente.
La SIC explicó que estas condiciones representan un riesgo inminente de incendio, explosión o intoxicación, por lo que decidió imponer la suspensión inmediata a todas las actividades económicas y de entretenimiento que allí se desarrollaban. Esto incluye, los servicios de restaurante, bar, bailadero, eventos artísticos y cualquier otro espectáculo que ofreciera en los establecimientos.
Restaurantes que deberán cerrar temporalmente
La clausura preventiva aplica para las siguientes sedes:
- Andrés Carne de Res Chía: ubicado en la Calle 3 No. 11A–56, municipio de Chía, Cundinamarca.
- Andrés D.C. Bogotá: situado en la Calle 82 No. 12–15/21, locales 201 a 205, 301 a 305, 405 a 407 y terraza en Bogotá D.C
Ambos establecimientos pertenecen a la sociedad INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S., propietaria de las marcas “Andrés Carne de Res” y “Andrés D.C.”. La compañía deberá realizar las adecuaciones técnicas necesarias para corregir los incumplimientos y presentar ante la Superintendencia las pruebas que las fallas fueron subsanadas. Solo entonces, y tras la verificación de las condiciones de seguridad por parte de la SIC, podrá levantarse la medida preventiva.
La autoridad recordó además que el incumplimiento de las órdenes impartidas podría acarrear sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el artículo 61 del Estatuto del Consumidor.
Por ahora, la decisión no afecta a las sedes ubicadas en Medellín, Santa Marta y Cartagena, las cuales continúan operando con normalidad. La SIC reiteró que su prioridad es proteger la seguridad de los ciudadanos y garantizar el cumplimiento estricto de las normas técnicas en establecimientos de alta concurrencia.
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