Lo Oculta la Reforma Tributaria
Carlos Alberto Montoya Corrales
Que las condiciones macroeconómicas por las que atraviesa el país respalden la decisión del gobierno nacional de implementar una nueva reforma tributaria es algo que no se discute, como tampoco se discute que la misma se realice dentro del marco de legalidad que dispone la Constitución Política, que en su artículo 347 señala: “Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos”. Sin embargo esto no es óbice para determinar la pertinencia y calidad de la misma, más aún si se considera que de todos los frentes saltan voces de inconformidad por considerar que dicha reforma es anti-técnica e improvisada y que carece de elementos que permitan al país alcanzar en el mediano plazo una mayor solvencia en el manejo de sus finanzas públicas.
Al respecto valga señalar que el origen de la misma está en el Presupuesto General de la Nación para el año 2015, que asciende a $216,2 billones, lo que representa un incremento de 6,5% con respecto al presupuesto actualmente en ejecución, el mismo que sigue una clara tendencia dominada por los gasto de funcionamiento con cerca del 55 por ciento del total ($119,4 billones ), 22 por ciento para el pago de obligaciones derivadas de la deuda pública ($47,5 billones ), que representa $5 billones más que lo que se pagará en el año en curso; y una cifra similar para la inversión pública, $49,2 billones, que resulta realmente precaria. Lo que a todas luces implica la necesidad que tiene el gobierno de revisar la asignación de sus recursos pues es claro que de continuar con esta tendencia su presupuesto no sólo seguirá siendo insuficiente, también será ineficiente, y no habrá reforma tributaria que le resuelva sus problemas de financiamiento.
Al menos así se deriva de la forma como el mismo Estado ha venido concibiendo las reformas tributarias y la incapacidad de las mismas para soportar una mayor demanda de recursos que le permitan al gobierno nacional responder a viejos y nuevos compromisos. Basta notar que a pesar del gobierno inspirarse en la necesidad de cumplir con un marco fiscal de mediano plazo como elemento ordenador del presupuesto, éste es sometido a un constante zigzagueo que evidencia su improvisación. Este es el caso del impuesto al patrimonio, la Ley 1370 de 2009, creado para ser causado una sola vez y pagado en ocho cuotas iguales entre los años 2011 y 2014 por los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta que poseyeran más de $3 mil millones de patrimonio líquido a primero de enero de 2011, lo que implicaría su desaparición para el año 2015. Por su parte el Gravamen a los Movimientos Financieros, cuya última versión está contenida en la Ley 1694 de 2013, debería reducir su tarifa del nivel actual de cuatro por mil a dos por mil en 2015 y a uno por mil en 2016 y 2017 para desaparecer, algo impensable si se considera el cúmulo de nuevas obligaciones asumidas por el gobierno como aquellas resultantes de la negociación con los productores rurales; finalmente, la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, en vigencia desde enero de 2013, en la que aumento el impuesto a las personas naturales con la creación del Imán (Impuesto Mínimo Alternativo Nacional), disminuyó el impuesto a las sociedades que pasaría de 33 por ciento al 25 por ciento, al tiempo que se creó un nuevo gravamen: 9 por ciento sobre las ganancias a través del Cree (Contribución Empresarial para la Equidad). Reforma esta última que arrojó resultados totalmente contrarios pues abrieron un hueco fiscal cercano a los $12.5 billones; los mismos que se suman a la disminución de las transferencias que le realiza Ecopetrol que para el próximo año disminuirán en $3 billones.
Realmente, lo que estaría obligando a una nueva reforma tributaria en Colombia son una serie de sucesos no declarados: en primer lugar, es el excesivo gasto de funcionamiento del gobierno nacional y las obligaciones de su deuda externa, que para el año 2010 era inferior a los US$40.000 millones y que alcanzó para junio del 2014 un saldo de US$56,561; segundo, la improvisada reforma tributaria de diciembre de 2012 y sus resultados adversos; tercero, la caída de sus ingresos como resultado de la sorpresiva y rápida parálisis de la locomotora minero-energética; cuarto, el escaso margen de funcionamiento de un Gobierno desfinanciando que carga sobre sus hombros unas crecientes obligaciones vinculadas a su plan de desarrollo -como en el caso de las vías 4G-, sus compromisos con amplios sectores de la población – campesinos, pensionados y empleados del sector de la justicia- , y los compromisos asumidos en la reciente campaña electoral; y quinto, el pésimo manejo de unas negociaciones de paz que lo estarían obligando a la realización de inversiones -no presupuestadas- propias a un postconflicto del cual quien más alardea es el mismo gobierno.
En contexto, la reforma planteada por el Gobierno del Presidente Santos no sólo es improvisada y ant-técnica como lo han declarado vastos sectores de la población, la misma es engañosa y no resolverá los verdaderos problemas de la economía colombiana ni en el corto ni en el mediano plazo, pero le restarán credibilidad a un gobierno que deambula entre luces y sombras, y del cual los colombianos esperan ver sus promesas convertidas en realidades.