Por: José Gregorio Hernández
El país se ha estremecido y está indignado a raíz de las constantes noticias sobre crímenes contra menores. Así, el de Génesis, la niña de nueve años, brutalmente asesinada y quemada en Fundación -Magdalena- por un desalmado que ahora llora, confiesa su delito y pide perdón, creyendo que tendrá rebaja de pena. Otro caso, en la misma semana –también horrendo e inconcebible- es el de una niña de pocos meses, violada y asesinada en Buenaventura.
El más reciente -aberrante- es el secuestro de un niño de apenas cinco años, en Norte de Santander, por el pecado de ser el hijo de un alcalde.
Las cifras y datos de Medicina Legal y la Policía Nacional sobre niños violados, maltratados, asesinados… son verdaderamente escalofriantes. Y en informes internacionales, Bogotá aparece como la cuarta ciudad más peligrosa en el mundo para los menores.
Debemos reaccionar. No hay en el país una auténtica política criminal. De nada han servido las normas en vigor, ni los compromisos contraídos por Colombia en convenciones y tratados internacionales en materia de protección a la población infantil.
Ahora el Gobierno Nacional reitera su propuesta de referendo, con miras a reformar la Constitución para consagrar la cadena perpetua contra quienes abusan, violan y asesinan a los niños. Quizá ella no disuada a todos los criminales –ninguna pena, ni siquiera la de muerte, lo consigue en la mayoría de los casos-, pero, si la justicia opera y los delincuentes son capturados y condenados, al menos tendremos la certeza de que no quedarán libres y no podrán reincidir, violando y asesinando a otros niños, como se ha visto que lo hacen.
Entendemos que ya hay una iniciativa de origen parlamentario, respecto a la cual observamos: el artículo 378 de la Constitución da lugar al referendo pero por iniciativa del Gobierno o por iniciativa popular. De suerte que, de todas maneras, el Ejecutivo debería elaborar y presentar el proyecto cuanto antes. Seguramente el Congreso lo aprobará y es de esperar que la Corte Constitucional no se vea precisada a frustrar de nuevo la propuesta de referendo, como ya lo ha hecho en el pasado, por vicios de índole formal. Desde luego, precisamente por tratarse de irregularidades en la formación del acto y no de vicios de fondo, el proyecto puede tramitarse de nuevo.
En todo caso, la sociedad enfrenta un desafío enorme. La impunidad en esta materia no puede continuar. Como decimos, hay indignación, si bien ya se sabe que, pasado el impacto inicial causado por los recientes crímenes, se regresará a la tradicional indiferencia colectiva. Al menos por ahora, la ciudadanía reclama justicia con base en las normas vigentes respecto a los crímenes ya cometidos, y pide, hacia el futuro, penas más drásticas y efectivas, sin beneficios ni rebajas, para quienes abusen de la debilidad e inocencia de los menores. Los derechos de éstos deben prevalecer de verdad sobre los derechos de los demás.
Es indispensable igualmente una política de prevención y protección por parte de las autoridades, y una actitud de mayor solidaridad y apoyo desde la comunidad, que debe cerrar filas en defensa de los menores.
