En la mañana de hoy, despertamos con la noticia de que el temido alias «Pichi» se fugó de su arresto domiciliario, donde se encontraba plácidamente con un brazalete electrónico que, al parecer, resulta más un juguete que un dispositivo de seguridad real. «Pichi» ha establecido relaciones de alto nivel en diversas ciudades del país, lo que ha facilitado que sus movimientos pasen desapercibidos. Con vínculos empresariales, políticos y conexiones dentro de las autoridades, ha logrado eludir repetidamente a la justicia. «Pichi», uno de los delincuentes más buscados de Colombia, está nuevamente en libertad.
La fuga ocurrió en Medellín tras enterarse de que su medida de arresto domiciliario, otorgada por una jueza de la misma ciudad, sería revocada. No es un caso aislado. Alias «Pichi» ha extendido sus redes a otras ciudades del país, donde es conocido como el «Pablo Escobar de Bucaramanga» y todo indica una colusión masiva entre algunos jueces y otros actores que, ya sea por amenazas o corrupción, permiten que estas situaciones continúen.
Como decía el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es muy difícil que, mientras los ciudadanos exigen seguridad a sus alcaldes y gobernadores, la justicia colombiana continúe siendo tan garantista con los delincuentes. La justicia, envejecida y lenta, parece más preocupada por proteger derechos de criminales que por salvaguardar a quienes cumplen la ley. El contrato de los brazaletes electrónicos, por ejemplo, es un reflejo de un sistema que parece plagado de presunta corrupción, es claro que este sistema hace mucho tiempo debió desestimarse, ya que muchos delincuentes han logrado eludir la justicia utilizando estos dispositivos.
Hace tiempo que Colombia debería haber revisado los casos de personas que cometen crímenes mientras están bajo el supuesto control de estos brazaletes. La única solución viable que queda es construir más cárceles, que son sumamente necesarias, aunque algunos sectores políticos se oponen a esta idea. También es urgente reformar la justicia y dotar a las autoridades de toda la fuerza necesaria para actuar con contundencia, incluso con medidas letales cuando sea indispensable.
Si no se toman estas acciones, Colombia seguirá el camino que ya ha recorrido México, hasta llegar a un punto crítico de inseguridad y corrupción. Esta problemática no tiene que ver con el presidente de turno o con la polarización política; se trata de la seguridad del país y la necesidad de un cambio profundo en el sistema judicial y penitenciar.
Es urgente reformar el sistema de justicia y dotar a las autoridades con la capacidad y fuerza necesarias para actuar de manera eficaz, incluso letal, cuando sea necesario. De lo contrario, Colombia corre el riesgo de seguir los mismos pasos que México, con el peligro de convertirse en un Estado fallido.
Esta situación no se trata del presidente de turno ni de la polarización política. Es una cuestión de seguridad nacional y del futuro del país. Si las autoridades logran recapturar a «Pichi», probablemente veremos la misma historia repetirse, con los mismos resultados. La impunidad de estas mafias, que controlan territorios y manejan carteles del narcotráfico, sigue afectando a toda Colombia, y parece que al Estado y al ciudadano común poco les importa.
