Quisiéramos partir del precepto de que todas las denuncias tienen que ser recibidas de acuerdo con las leyes y procedimientos establecidos. Una vez que la política contamina esos procedimientos y los estándares de investigación de una denuncia, entramos en un bucle no solo dañino, peligroso y corrupto para la justicia, sino para todos los involucrados en esos casos. Y es que hay dos cosas que conectan perfectamente y que, por más que conecten, insistimos en que es necesario que las autoridades investiguen.
Mucho se venía hablando desde hace meses de la creación del fondo multidonante en el cual se iban a depositar recursos no solamente de cooperación internacional sino incluso del gobierno colombiano, con el fin de persuadir al ELN para que dejara de secuestrar, asesinar y extorsionar. Es un hecho que fue de público conocimiento en el mes de febrero del presente año y ese fondo, desde ese momento, planteó muchos cuestionamientos.
Es el acuerdo 26 de la mesa de diálogos y ese fondo multidonante establecía que la ejecución de recursos de donantes y el estado colombiano destinados a la paz haría que el proceso fuera sostenible. No es extraño entonces la denuncia que hace Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en donde señala que se había favorecido al ELN en procesos de contratación con el fin de financiar a este grupo guerrillero para salvar el proceso de paz.
No solamente es tenebrosa semejante acusación, sino que cuando se comprueba esa adición presupuestal de 208 mil millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le da a la UNGRD, es claro que esas adiciones tienen un objetivo. Parte de ello es fondear a esta entidad que tiene la ventaja de contratar directamente, ¿con qué intereses? Esa es la pregunta que se debe responder ante las innumerables denuncias de presunta corrupción a congresistas antes de las elecciones regionales, para poder voltear el voto, para poder incidir en las decisiones de las comisiones y posteriormente de las plenarias. Y el día de ayer se conoció que inteligencia había advertido de posible financiamiento del ELN con recursos públicos.
De manera que son dos aristas que terminan juntándose y eso plantea para toda la administración de justicia un nuevo reto, en donde sería de suma gravedad que se compruebe que con recursos públicos que provienen netamente del pago de impuestos de miles de personas y empresas, se estarían financiando a terroristas criminales que han atentado durante más de 40 años contra la población colombiana. Esos mismos que hoy estarían financiando indirectamente a ese grupo terrorista con la venia del actual gobierno.
Como conclusión, esto sería a nivel internacional un escándalo: un Estado financiando a un grupo terrorista. Y como es necesario poner las dos caras de la noticia, las palabras de Gustavo Petro siguen señalando que es increíble o es imposible pensar que en un proceso con una mesa amplia y donde hay países extranjeros y actas públicas, se hable de corrupción en contratos. Pero más allá de las declaraciones de un lado o del otro, es muy necesario —insistimos en esto— que el escándalo no se quede hoy en los titulares de los telediarios y en la indignación de las redes sociales.
Las autoridades tienen que avanzar en investigaciones de manera expedita, profunda, detallada y contundente, porque los colombianos merecen y demandan saber si con sus impuestos se están pagando a grupos terroristas como el ELN.