La reciente resolución de la subasta 5G por parte del Ministerio de las TIC ha generado un sabor amargo entre los principales operadores del sector de las telecomunicaciones en Colombia. Aunque el proceso contó con la participación de más de 20 interesados y recibió cerca de 500 comentarios durante la fase de revisión del borrador, las compañías como Movistar y WOM expresan su preocupación por lo que consideran la falta de consideración a recomendaciones clave, particularmente aquellas emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), sobre la supuesta dominancia de Claro.
La Resolución 3947 detalla los precios de reserva para el espectro y las obligaciones de cobertura, especificando las bandas que se subastarán, incluyendo la crucial frecuencia de 3500 MHz para el desarrollo del 5G en el país. Sin embargo, los cambios en la distribución de bloques y el valor de reserva han suscitado inquietudes, especialmente entre los líderes de las compañías.
Dentro de las prinicipales inquietudes que han planteado directivos de Telefónica Movistar Colombia y WOM, están la falta de acogida de las recomendaciones de la SIC, particularmente en temas de dominancia y acceso al roaming. Estos son aspectos esenciales que la SIC considera necesarios para una competencia efectiva y justa en el mercado de servicios móviles en Colombia.
También, la insatisfacción respecto a la inclusión parcial de las recomendaciones de la SIC. Aunque reconocen el valor de algunas medidas para mitigar la dominancia, sostienen que estas resultan insuficientes para corregir las persistentes fallas del mercado, que podrían trasladarse ahora al ámbito 5G.
La postura de Claro, otro actor importante en este escenario aún está en revisión. Su respuesta indica una evaluación detallada de las condiciones establecidas en las bases definitivas de la subastam aunque sin duda será uno de los más perjudicados por las nuevas limitaciones que ha puesto el Gobierno.
¿El Gobierno busca limitar a los privados en la subasta 5G?
Resulta particular indagar y nosotros como medio de comunicación, cuestionar, el proceder que ha tenido el Gobierno en esta materia, pero sin reconocer que en medio de tantos grises, existe intención de poder ¡por fin! subastar los espectros para 5G. En última instancia, la resolución de la subasta 5G no solo define el futuro de las comunicaciones móviles en el país, sino que también pone de manifiesto la necesidad de un diálogo continuo entre el Gobierno, los operadores y los organismos reguladores para lograr un desarrollo tecnológico que beneficie a toda la sociedad colombiana.
Pero, retomando estos interrogantes, es menester considerar que el Gobierno de Gustavo Petro ha sido abiertamente declarado de izquierda, un Gobierno que apoya lo público, que ha atacado y ha hecho desplantes a las empresas, que genera incertidumbre y que ha golpeado la economía de manera constante. Este Gobierno, a través de MinHacienda, tiene una importante fracción accionaria en Movistar, mientras que Tigo necesita de Medellín para poder seguir trabajando.
Ambas compañías han presentado serios inconvenientes financieros. Tigo necesito una capitalización de última hora para no desaparecer y Movistar hoy necesita que jeques árabes compren Telefónica para poder seguir inyectando capital en sus sedes y así poder seguir brindando el servicio. ¿Por qué entonces golepar a las empresas privadas que sí cuentan con el capital para poder invertir y desarrollar esta infraestructura 5G?
5G no solo impacta a la persona de a pie que podrá tener mayor velocidad de datos en sus dispositivos, también impacta a las empresas, sus procesos industriales, su productividad y, por ende, impacta en el desarrollo económico de Colombia, un país que ya está atrasado en esta red y que con limitaciones seguirá pasos atrás. Todos los procesos y contratos que hoy operadores de telefonía puedan tener con empresas de Colombia para potenciar el 5G local, será un grano de arena que haga crecer al país.
Espectro 5G en América Latina
La reciente publicación de «La gestión del espectro en América Latina. Impactos sobre el desarrollo económico y social» por parte de la GSMA pone de manifiesto una realidad preocupante en la región: la asignación de espectro se ha vuelto costosa y está por debajo de los estándares internacionales. Este informe revela que las decisiones de política pública, más que factores de mercado, han llevado a un aumento del 40% en el costo total del espectro entre 2010 y 2022, afectando significativamente los ingresos recurrentes de la industria en la región.
El diseño de políticas públicas emerge como la principal razón detrás de este desajuste. La priorización de la recaudación fiscal sobre los objetivos de inclusión y desarrollo digital ha llevado a precios de reserva elevados, tasas anuales altas y restricciones artificiales en la cantidad de espectro disponible. Ejemplos como México, donde los derechos anuales representan el 85% del costo total del recurso, ilustran cómo estas decisiones impactan negativamente en la capacidad de los operadores para invertir en infraestructura y mejorar los servicios.
La falta de asignación adecuada de espectro también afecta la expansión de la cobertura y la calidad de la experiencia del usuario. América Latina se encuentra hasta un 50% por debajo de la asignación de referencia internacional en bandas bajas y medias. Esta escasez artificial de espectro hace que el despliegue de redes sea más complejo y costoso, limitando la capacidad de ofrecer servicios móviles de alta calidad. Argentina y Ecuador son ejemplos claros de esta limitación, con cantidades significativas de espectro inutilizadas.
A medida que se aproximan las asignaciones de espectro 5G y las renovaciones de licencias entre 2023 y 2025, la GSMA destaca la necesidad de políticas que fomenten la inversión y aseguren el uso eficiente de este recurso limitado. El informe subraya que la transformación digital en América Latina depende de capitalizar estas oportunidades, instando a los gobiernos a replantear sus enfoques y adoptar medidas que impulsen el desarrollo económico y social a través de una gestión eficiente del espectro. La región está en una encrucijada crucial, y las decisiones tomadas en los próximos años determinarán el curso de la conectividad y la innovación tecnológica en la región.
Desde este medio de comunicación invitamos a una reflexión que toque al Gobierno, a las empresas que van a subastar, a privados, a públicos y la ciudadanía, para que comprendamos que Colombia debe comenzar a estar a la altura de la región en materia 5G. La subasta será el 20 de diciembre, pero allí comenzará otro período en el que las compañías de telecomunicaciones deberán comenzar el despliegue de infraestructura. No más demoras, no más limitantes, Colombia necesita 5G.
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