Los míseros salarios del sector público

Está haciendo carrera el fatídico argumento de que hay que bajar los salarios de los servidores públicos para acabar con la corrupción, algo netamente populista y carente de fundamento y veracidad.


Por: Andrés Felipe Gaviria

Siempre he sostenido que la falta de conocimiento y cultura en Colombia es el gran cultivo que aprovechan unos pocos para poder lograr sus cometidos, sea con intereses positivos u oscuros, y son los que en grandes masas terminan legitimando defensas de supuestas banderas que cuando son examinadas, son completamente vacías y falaces. Además, tenemos un país que vive encantado con los anuncios políticos que prometen erradicar malas prácticas, y por eso se quedan con el título y no con el contenido y posterior desarrollo, si es que los hay.

El entonces presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto No 330 del 19 de febrero de 2018, en donde se establecían las escalas de asignación básica de los empleos públicos. A continuación algunos datos sobre ese decreto.

Los grados salariales van del 1 al 28, en donde un directivo grado uno se ganaría mensualmente $3.009.115 y el de máximo nivel un salario de $13.152.443. Los asesores solo tienen grados del 1 al 18; el último gana $10.513.161 y el más raso tiene una asignación de $2.936.714. El máximo salario al que puede aspirar un profesional que sea grado 24 es de $7.344.289 y el mínimo un $1.773.936. Al final de la cadena tenemos a los técnicos y asistentes, los salarios son similares, el más bajo es de $781.242 y el más alto de 2.722.574.

Ahora, quienes son los funcionarios públicos más visibles como ministros, viceministros, superintendentes, directores de departamentos, entre otros; son los que paradójicamente no tiene tan buenas remuneraciones, en consideración con las grandes responsabilidades que tienen y sus complicadas labores, que hasta terminan perjudicando sus vidas privadas. Esto que explicó en esta columna deberían conocerlo la mayoría de colombianos que se atreven a cuestionar los salarios del sector público, y luego hacer comparaciones con el sector privado, para que entiendan las abismales diferencias en compensaciones.

Un ministro de despacho y los directivos de departamentos administrativos tienen una asignación básica de $4.785.607 más gastos de representación $8.507.736 y una prima de dirección de un valor de $4.197.897. Los viceministros y subdirectores de departamento administrativo tienen salarios de $3.491.224 y gastos de representación por $6.206.613. Algunos superintendentes tienen el absurdo salario de $8.096.932.

Ahora, hay casos curiosos y poco lógicos como que el director de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP, se gane mensualmente $22.441.909, mientras otras personas con mejores cargos, como ministros, ni siquiera llegan a esta asignación salarial. Un salario que si no es bajo es el de los congresistas, es un salario justo y que realmente es correspondiente al de un legislador y la importancia que tiene. El problema que si existe en este aspecto es el número tan elevado de congresistas que tiene Colombia. Cada cuatro años va aumentando sin consideración alguna, ya vamos a ajustar casi 290 congresistas, cuando Colombia puede funcionar perfectamente con 80 senadores y 100 representantes a la cámara.

El sector público jamás atraerá a buenas personas para que trabajen allí con este desajuste de salarios, que es increíblemente inequitativo y ramplón. Bajando salarios solo atraerá personas que lleguen allí a saquear las entidades públicas y a hacer grandes negocios. Seguramente existen congresistas que ellos mismos estarían dispuestos a pagar una cuota mensual por tener esa curul, porque saben cómo recuperarla de una manera sobrada y rentable.

Ojalá algún presidente reforme el Estado desde cero, no solo en su tamaño, sino en sus remuneraciones. Con mejores salarios tendremos mejores funcionarios, mientras que con bajos salarios y populismo, tendremos más de lo mismo; corrupción y mediocridad. El salario del presidente de la República debería oscilar entre $45.000.000 y $60.000.000; el de los ministros debería ser similar al de los congresistas, y los de otros altos funcionarios siempre tendrían ser superiores a $17.000.000.