Por: Juan David García
Esta semana se cumplió un año de la celebración del referendo del 1° de Octubre, por la autodeterminación de Cataluña. El famoso 1-O, como comúnmente se le conoce en España, que fue rechazado por la mayoría de los catalanes y desconocido por las autoridades, ante la actitud provocadora de los nacionalistas liderados por el entonces president, Carles Puigdemont, ahora huyendo de la justicia y refugiado en Bruselas. Desde la capital de la Unión Europea, ha manifestado que el proceso independentista (“el procés”) seguirá adelante y nadie los detendrá. Sus palabras revelan la habitual ambición totalitaria de los nacionalistas y los revolucionarios, recordando las de Mussolini, en La Doctrina del Fascismo: “aún contra la corriente, aún contra el pueblo”. Parece el año 1922, pero no, estamos en 2018, y la retórica de personajes del estilo de Puigdemont o el actual presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, crea en la gente la sensación de que corre el siglo XX.
El ambiente de crispación política y social que ha generado el poder propagandístico de los nacionalistas, está trayendo serias consecuencias a la vida de Cataluña. Aunque la situación no es nueva, pues desde 2006 venía acentuándose el desafío separatista, con el Estatut promovido por Pasqual Maragall y, luego, por José Montilla, quien le sucedió en el cargo hasta 2010. La advertencia a la ciudadanía y a los partidos políticos no nacionalistas, de que nadie los detendrá, es muy similar al empeño de la dictadura chavista por permanecer en el poder a toda costa, incluso si la realidad económica demuestra que su proyecto constituye un suicidio, no solo para ellos, sino para la sociedad entera.
Durante el último año, de acuerdo con datos del Idescat, Instituto de Estadística de Cataluña (del gobierno de la comunidad autónoma), aproximadamente tres mil empresas han dejado la región y han optado por relocalizarse en otras comunidades autónomas y ciudades de España, como Madrid, Aragón o el País Vasco, más competitivas, estables y garantes de la seguridad jurídica, lo que significa que se han llevado más de 100.000 millones de euros en facturación. El crecimiento del PIB pasó del 3% en 2017, a 2% en 2018, lo que significa una evidente ralentización económica para Cataluña. Así mismo, más de 200.000 residentes decidieron irse para buscar lugares más tranquilos donde vivir, sin sentirse presionados ni intoxicados. Por si fuera poco, casi 30.000 millones de euros domiciliados en cuentas de entidades financieras catalanas, se han ido de la región. Y por si no fuera suficiente, el Ministerio de Economía de España reportó la caída de la inversión en un 40%, a lo que se suma una sensible disminución del turismo en 400.000 visitantes menos.
Está claro que los discursos nacionalistas, separatistas o independentistas, que no son iguales a, por ejemplo, defender la unidad o la identidad nacional, entran en conflicto con la realidad económica y social, y que, mientras las élites políticas pueden mantener sus privilegios y posiciones de poder, la gente sensata no se aparta del sentido común y se preocupa más por su trabajo, sus negocios y sus intereses inmediatos, antes que por comprar ilusiones. Si solo con las aventuras del independentismo, el deterioro económico es tan tremendo, no parece que la separación definitiva sea promisoria para la mayoría de los catalanes, ni que romper con España llegue a ser un buen negocio en el futuro inmediato.