Los que están en contra de la justicia y el orden

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EDITORIAL

Colombia ha presenciado en los últimos 12 años cómo un grupo de periodistas y académicos, autodenominados líderes de opinión, y uno que otro líder empresarial, han propendido porque Colombia no intente ser un país con leyes fuertes, en orden y con plenas libertades económicas y sociales.


La pluralidad de opiniones es uno de los elementos más valiosos de toda sociedad, y cuando se respeta esto, que siempre es enmarcado en un Estado democrático, se debe avanzar paralelamente en espacios que garanticen el sano debate sobre asuntos de la vida pública que atañen el interés de todos los ciudadanos. Ni más faltaba que las personas deban tener un pensamiento homogéneo. Siempre que en una sociedad existan grandes diferencias económicas, sociales, entre otras, pues va a existir una brecha que va a crear distintos frentes de pensamiento.

Colombia ha sido uno de los países más perjudicados por la malversación de los anteriores escenarios, teniendo en cuenta que la tarea misional del Estado es garantizar unas leyes estrictas, un orden constitucional donde la justicia y las autoridades imperan y son las que merecen el respeto, y fuera de eso, se avanza con el fin de que los ciudadanos tengan una seguridad garantizada día a día. Esto nunca lo ha tenido Colombia y parece que no lo fuese a tener debido a que la Fuerza Pública se ha visto diezmada en los últimos años a ser blanco de diferentes ONG, colectivos de abogados y políticos que no simpatizan con que un Estado tenga una fuerza coercitiva, y les ha representado en muchas ocasiones estar en prisión.

Las guerrillas siempre han optado por la combinación de las formas de lucha, no solamente se han dedicado a estar en el monte como algunos creen sino que se han incrustado en la sociedad a través de universidades públicas, de firmas de abogados, políticos, entre otros. En el Congreso de la República es fácil identificar a congresistas que simpatizan por estos grupos armados ilegales.

Todos ellos han conformado ese espectro del que hablamos, de los que están en contra de la justicia, el orden y la libertad, y es porque no han permitido que las personas que pertenecen a ideologías políticas de derecha puedan expresar sus pensamientos sin temor al escrutinio público, a la ridiculización e incluso a las amenazas. Esto ha hecho que se cercenen buena parte de los derechos y garantías de las personas que pertenecen a dicho espectro.

No se trata de buscar beneficios para un matiz político o ideológico, se trata de generar un equilibrio para el ciudadano del común, que en muchas ocasiones ni siquiera está interesado en la política; se trata también de que el ciudadano que es víctima de delitos como el fleteo, la extorsión y el secuestro puedan tener la seguridad de que el Estado les va a proteger de los victimarios que van a pagar un precio justo y fuerte por haber cometido tales vejámenes, y que ellos no van a tener que volver a pasar por estos.

Además, el orden está esclarecido en la mayoría de países avanzados del mundo. Todos tienen derechos y terminan donde empiezan los derechos de los otros. La integridad de los terceros no se debe afectar de manera directa por comportamientos o el accionar de las personas que se crean por encima de la ley.

Colombia no ha avanzado ni siquiera en este aspecto que es básico de toda sociedad, y por eso es que ha perdido el valor universal de la vida la vida, al igual que lo han perdido la libertad, la tranquilidad y la capacidad de vivir en paz en una sociedad tan agobiada.

Se debe luchar por los derechos, por esas posibilidades de acceder a un Estado justo, libre y seguro sin caer en la trampa de quienes desde algunos “púlpitos sagrados” nos pretenden decir qué está bien, qué está mal y quiénes tienen derecho a ciertos beneficios.