Los retos de la convivencia con respeto

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Por: Jacqueline Toloza


Entre los ires y venires del país, es decir, la conformación de un nuevo congreso que en teoría deberá implementar los acuerdos de paz, y a reglón seguido decidir el próximo mandatario de nuestro país, existe una única realidad que consiste en las decisiones que tomemos de manera responsable o irresponsable para 2018, será la herencia y dependerá en gran parte el bienestar de las siguientes generaciones.

Cuál es entonces la nueva visión – si la hay- de Antioqueñidad, y también de Colombianidad, antiguos y nuevos valores; en resumen, cuál sociedad en este avance del siglo pretendemos, determinar o construir teniendo de presente el nuevo panorama, el lastre de desigualdad y violencia social,  las  migraciones ya dadas por múltiples circunstancias de nuestros hermanos desplazados; hoy día conviviendo con una no despreciable cifra de hermanos  venezolanos y por supuesto, aquellos compatriotas que decidieron dar un paso para desmovilizarse en un proceso de paz dentro de un marco especialmente polémico que ha polarizado al país y;  otros que se pudieren sumar a esta lista y que aún ni siquiera logramos imaginarnos. Sin embargo, las polarizaciones, estar o no estar de acuerdo con las decisiones de la dirigencia política, no nos exime de la responsabilidad histórica a quienes en este país vivimos frente a nuestras propias familias y por supuesto como sociedad a las generaciones venideras.

Me atrevo entonces a dejar algunas consideraciones a la opinión pública en el entendido, reitero, que entre todos incluyendo a quienes dedican de su valioso tiempo a leer esta columna y a quienes no lo hacen, construimos, o destruimos pero a la final transformamos nuestra propia realidad, y la de nuestro entorno con el hacer o no hacer de cada uno.

Se tiene por premisa que Antioquia y antioqueño son sinónimos de regionalismo pero según un estudio realizado por la Universidad Eafit “ninguna de las nueve subregiones del departamento, la gente se siente más antioqueña que Colombiana”[1].  Sin embargo, el estudio resalta como preocupante la discriminación especialmente a personas desmovilizadas y víctimas del conflicto armado. Creería yo que esta conclusión es generalizada para todo el país en tanto que la estigmatización de minorías por diversas circunstancias sigue siendo un denominador común. Indispensable empezar a aceptarnos como una sociedad diversa en el pensar, y el actuar pero que nos debería unir valores ejemplarizantes para llevar hacia un regionalismo y nacionalismo positivos, es decir, el que hace férrea y perdurable la soberanía estatal mediante unos mínimos éticos en el ser que pasan por el pensar y el proceder del individuo pero que prioriza el bienestar colectivo donde es entonces  inconcebible la corrupción en cualquier esfera, sin matices ni consideraciones que la permitan.

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Necesario es entonces también desde lo social hacer toda una revaluación y desde lo estatal una intervención en las nuevas convivencias consecuencia del proceso de paz; y la convivencia con los migrantes que van creciendo en número como también las minorías que van en aumento se vean principalmente como un valor agregado para ser un mejor país, en un estado que garantice el respeto por la pluriculturalidad que caracteriza a Colombia. Un país de diversidad, de regiones, de riqueza cultural, de formas de pensar. Algunos logros se han dado como la ley 1482 de antidiscriminación pero lo cierto es que la ley por sí misma no elimina ni resuelve las problemáticas, es en el proceder del ser individual o en colectivo que se dan o no los verdaderos cambios.

El Estado con diferentes métodos persuasivos, debe insistir para revertir objetivos que se volvieron comunes en nuestros compatriotas como indica en una de las estadísticas del estudio enunciado en este mismo escrito y es que “dos de cada tres personas privilegia el beneficio particular sobre el general, confirmando el individualismo “.  Lo cual nos debe hacer reflexionar qué tanto influye el individualismo que nos lleva a alejarnos del cumplimiento de la ley del ordenamiento social dentro del marco de un estado de derecho. Que hace plausible lo implausible de querer obtener dinero fácil no importando que sea abiertamente ilegal, haciendo un virtud lo que no es.

El estudio también expresa que el proceder  del antioqueño es desconfiado, y es que en mi  opinión un grado del mismo no es perjudicial pero un exceso en ámbitos como el institucional  tiene consecuencias directas para una sana democracia que se evidencian en la indiferencia, apatía o desinterés por la participación organizacional, cívica  y en lo electoral se observa en el creciente porcentaje de abstencionismos para  elegir mandatarios o representantes  de los intereses colectivos en las diversas instancias que contempla nuestro “ esquema democrático”. Es necesario seguir avanzando en propiciar y fomentar garantizando legitimidad, para que se logre una mejor convivencia. Obviamente, es necesario cambiar metodologías  de participación para que se eliminen las manipulaciones electorales, los abusos de posiciones dominantes para ser realmente llamados una sociedad y no un grupo de seres humanos que tratan de sobrevivir en un mismo territorio.

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El espacio de una columna  limita profundizar el análisis pero lo cierto es que no podemos ser ajenos a la realidad  y ni  la historia nos eximirá de responsabilidad ante lo  que hagamos o dejemos de hacer  en ningún ámbito de nuestras vidas y esto inicia en nuestras propias familias.

Seamos usted y yo quienes lideremos cambios de verdadera transformación haciendo de la convivencia con respeto no un reto sino un valor.

 

 

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