Los serios riesgos del bono TES por $23 billones y cómo afectarán a Colombia

El Gobierno colocó deuda sin subasta pública, a una tasa cercana al 13,15% y con un acreedor cuya identidad permanece reservada.

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La operación pasó casi de puntillas, en plena recta final del año y envuelta en un lenguaje técnico que la hizo parecer una jugada financiera más. Pero la colocación directa de bono TES por $23 billones, realizada por el Gobierno Nacional a mediados de diciembre, ya es considerada por analistas y exfuncionarios como una de las decisiones fiscales más controvertidas de las últimas décadas. No solo por su tamaño, sino por la tasa pactada, la ausencia de subasta pública y, sobre todo, por la identidad reservada del acreedor.

El Ministerio de Hacienda celebró la transacción como la venta directa de deuda más importante realizada hasta ahora, presentada como un “voto de confianza” de un gran inversionista extranjero en la economía colombiana. Sin embargo, detrás del comunicado oficial quedó una pregunta central: ¿a qué costo se compró esa confianza?

Panorama general: La deuda se colocó a una tasa promedio cercana al 13,15%, una de las más elevadas del mercado reciente. Los títulos, con vencimientos en 2029, 2033, 2035 y 2040, registraron rendimientos que oscilaron entre 12,99% y 13,32%. En términos prácticos, esto significa que el país deberá pagar alrededor de US$810 millones anuales solo en intereses.


El contraste es inevitable. Hasta hace poco, Colombia contaba con una línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional con tasas inferiores al 7%, que el actual Gobierno dejó vencer. Para muchos economistas, el mensaje es claro: el Estado optó por una fuente de financiamiento mucho más cara en un momento de estrechez fiscal.

Además, según cálculos del mercado, el inversionista obtuvo una ganancia inmediata cercana a los $500.000 millones. Pagó $23 billones por unos títulos que, de acuerdo con su precio teórico, habrían valido cerca de $23,5 billones. Una prima que, en la práctica, salió del bolsillo público.

Por qué es importante: Uno de los puntos más sensibles es la forma en que se estructuró la operación. No hubo subasta abierta ni competencia entre oferentes. Fue una colocación directa, a un solo comprador, cuya identidad permanece bajo reserva “por razones de confidencialidad”. El Ministerio de Hacienda se limitó a señalar que se trata de “uno de los inversionistas extranjeros más grandes del mercado” y que esta sería la primera de varias operaciones similares.

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Esa falta de transparencia ha alimentado especulaciones. La senadora Angélica Lozano cuestionó abiertamente si el inversionista secreto podría ser el fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos, el Abu Dhabi Investment Authority. En un mensaje público, denunció lo que calificó como una “ganancia instantánea de US$810 millones entregada a dedo” y se preguntó quién decide “regalar así los recursos públicos”, pagando más del doble de intereses frente a las condiciones que ofrece el mercado regular.

La opacidad encendió las alarmas. Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, describió el movimiento como el inicio silencioso de una nueva etapa de financiamiento para el país. “Emitir $23 billones a 13,15%, a un solo comprador extranjero y mediante una colocación directa, es impactante. El problema de fondo es que se están buscando nuevos inversionistas antes de que las tasas suban aún más, mientras el déficit primario sigue en automático”, advirtió.

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Con esta jugada, el acreedor anónimo se convirtió, oficialmente, en el mayor tenedor extranjero de TES en la historia de Colombia, superando incluso a varios fondos privados internacionales. En los corrillos financieros se especula sobre la posible participación de grandes fondos soberanos, como el Abu Dhabi Investment Authority, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial.

Las críticas no tardaron en llegar. José Ignacio López, presidente de Anif, calificó la jornada como “un día negro en lo fiscal”. A su juicio, se trató de una emisión privada poco transparente que evidencia problemas de programación presupuestal y de liquidez del Gobierno.

El impacto no se limita al balance fiscal. Con los TES a 10 años rondando el 13%, la rentabilidad de prestarle al Estado supera incluso la de los créditos hipotecarios, que hoy están alrededor del 12,4%. “Para un banco resulta más atractivo financiar al Gobierno que a un hogar. Eso enfría el crédito y dificulta que bajen las tasas para las familias”, explicó el economista Diego Montañez-Herrera.

El periodista y analista Melquisedec Torres fue más contundente al calificar la operación como “la noticia fiscal más grave de las últimas décadas”. En su diagnóstico enumeró cuatro puntos críticos: una tasa cercana al 13,5% que implica pagos anuales por US$810 millones solo en intereses; la pérdida de una línea de crédito del FMI con tasas inferiores al 7%; la existencia de un único prestamista cuya identidad se desconoce; y el hecho de que no se haya realizado una subasta pública, sino una operación directa que describió como “casi clandestina, a oscuras”.

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Para Torres, el argumento oficial de que se trata de “uno de los inversionistas extranjeros más grandes del mercado” resulta insuficiente frente a la magnitud del compromiso adquirido y al impacto que tendrá sobre las finanzas públicas en los próximos años.

El presidente Gustavo Petro defendió la decisión en su cuenta de X, señalando que la emisión se destinó a pagar otros $23 billones en títulos que vencen y que fueron adquiridos durante el gobierno anterior. “Esto se hace desde hace siglos y conviene o no, dependiendo de la tasa de interés”, escribió. La frase, sin embargo, no disipó las dudas sobre por qué se aceptó una tasa tan elevada ni por qué se optó por un mecanismo sin competencia pública.

Para el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, el problema no es refinanciar deuda, una práctica habitual en cualquier Estado, sino hacerlo “a cualquier costo”. “Siempre habrá bancos oportunistas, operando desde paraísos fiscales opacos, dispuestos a prestarle al país a costos extravagantes y a capturar comisiones extrañas y nunca antes vistas”, advirtió.

Mientras tanto, voces desde distintos sectores piden que la Contraloría General y la Procuraduría investiguen el proceso. Más allá del debate político, lo que está en juego es un precedente delicado: un endeudamiento masivo, costoso y poco claro, aprobado casi en silencio, que compromete las finanzas públicas durante años y deja la sensación de que, esta vez, la confianza del mercado se compró demasiado cara.

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