El cuatrienio de Gustavo Petro tiene, contado desde hoy, seis días de vida. Y esto es lo que ocurre en esos seis días: en una notaría de un municipio mediano, un nuevo notario recién designado firma su posesión. En Bogotá, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores alista los últimos decretos de nombramiento en consulados y embajadas. En la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, en el Departamento para la Prosperidad Social y en la Presidencia misma, se cierran contratos por más de 113 mil millones de pesos. Todo esto, mientras el Gobierno saliente prepara el discurso con el que Gustavo Petro quiere pasar a la historia como «uno de los mejores gobiernos» del país. Los números, sin embargo, cuentan una historia distinta a la que se contará desde una tarima.
En estos últimos seis días, dos hechos, aparentemente separados, retratan con precisión cómo termina un cuatrienio: el estado en que deja las cuentas de la Nación, y el uso que hace de sus últimas horas de poder.
Empecemos por las cuentas. La deuda pública del país pasó de 800 billones de pesos en 2022 a 1,2 billones en 2026, en buena parte contratada en dólares, justo cuando la tasa de cambio y las condiciones externas son más exigentes. El crecimiento económico, con suerte, cerrará el año cerca del 2,7 u 2,8 por ciento, insuficiente para un país que necesita generar empleo formal y reducir pobreza a un ritmo mayor. La inversión, motor de cualquier economía sana, se mantuvo débil durante buena parte del cuatrienio. Y la inflación, que arrancó 2026 en 5,4 por ciento, amenaza con cerrar el año cerca del 6,5 por ciento. Es cierto, y hay que decirlo con honestidad, que el desempleo bajó de un 10,2 por ciento en 2023-2024 a cerca del 8 por ciento este año; ese es un logro real que merece reconocerse. Pero un gobierno no se mide por un solo indicador favorable, sino por el balance completo de lo que deja: más deuda, menos inversión y un crecimiento que no alcanza. Ese es el veredicto de quienes llevan las cuentas, no de quienes escriben los discursos.
Y luego está el otro balance, menos visible pero igual de revelador: el que se hace no con cifras macroeconómicas, sino con decretos de nombramiento. A seis días de entregar el poder, distintas entidades del Estado aceleraron la firma de contratos, decretos y designaciones que seguirán vigentes bajo el próximo gobierno. Solo entre el 22 y el 24 de julio se expidieron diez decretos de nombramiento de notarios en distintas ciudades, varios de ellos con vínculos políticos reconocidos con el Pacto Histórico. Se firmaron además nuevos nombramientos en consulados y embajadas. Y el equipo de empalme del presidente electo ya anunció que revisará 141 resoluciones y 43 decretos expedidos en el tramo final del Gobierno Petro, que incluyen cambios en la carrera diplomática, el servicio exterior y beneficios para funcionarios.
Nada de esto es, en sí mismo, ilegal. Todo gobierno tiene la facultad de nombrar, contratar y decretar hasta su último día en el poder. Pero hay una diferencia enorme entre ejercer esa facultad con mesura institucional y usarla, en las horas finales, para sembrar el aparato del Estado de lealtades políticas y compromisos contractuales que el país tendrá que sostener durante años. Eso no es gestión pública; es apropiación de última hora de un poder que, constitucionalmente, ya tiene fecha de vencimiento. La decencia en el ejercicio de la función pública no se mide solo en cómo se gobierna durante cuatro años, sino en cómo se entrega el cargo el último día.
Lo grave es que ambos frentes, el fiscal y el administrativo, dejan al próximo gobierno una doble carga: una deuda que crece más rápido que la economía, y un aparato estatal salpicado de nombramientos de última hora que tendrá que auditar, litigar o simplemente sufrir durante meses.
Lo que la decencia republicana exige es sencillo de enunciar, aunque poco practicado en Colombia: un gobierno que termina debe dejar los libros claros y las instituciones neutrales, no cargadas de compromisos de último minuto con su propio proyecto político.
Petro tiene derecho a defender su legado y a creer que la historia lo absolverá. Pero la historia también sabrá leer los decretos firmados entre el 22 de julio y el 6 de agosto, y una hoja de balance que muestra más deuda, menos inversión y un crecimiento mediocre. Los discursos se los lleva el viento de la tarima; las cifras y los decretos quedan escritos. Ese, y no el aplauso del último acto, es el verdadero legado que un gobierno deja. Al que empieza el 7 de agosto le toca demostrar que un cuatrienio también puede cerrarse distinto.
