La crisis institucional en torno al proceso de expedición de pasaportes en Colombia suma un nuevo capítulo. La Procuraduría General de la Nación anunció este miércoles la apertura de una investigación formal contra los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, así como contra el actual jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, por posibles irregularidades administrativas y extralimitación de funciones en el marco del fallido proceso de adjudicación para la elaboración de estos documentos.
El órgano de control disciplinario señaló que tanto Murillo como Sarabia, quienes estuvieron al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores en distintos momentos del gobierno del presidente Gustavo Petro, “no estructuraron de manera eficiente y oportuna el proceso de contratación” destinado a garantizar la producción y entrega oportuna de pasaportes a los ciudadanos.
Procuraduría investiga a Murillo y Sarabia por escándalo de pasaportes en Colombia
Panorama general: En el caso del excanciller Luis Gilberto Murillo, la Procuraduría centra su investigación en el uso de la figura de urgencia manifiesta, declarada en septiembre de 2024, la cual habría sido empleada de forma indebida para avanzar con el proceso sin cumplir con los requisitos técnicos y administrativos exigidos. La decisión de Murillo de acudir a esta medida excepcional generó amplias críticas en su momento, por considerarse una vía expedita que omitía criterios de transparencia y competencia en la contratación pública.
La figura de la urgencia manifiesta solo puede aplicarse en situaciones que realmente lo ameriten, como desastres naturales o crisis humanitarias. En este caso, se habría utilizado para justificar la contratación directa con proveedores internacionales, sin una licitación abierta, situación que ha sido cuestionada por veedores y sectores de la oposición.
Mientras que para la exministra Laura Sarabia, quien ocupó la Cancillería en los primeros meses de 2025, también deberá responder ante el Ministerio Público. Según el ente de control, Sarabia tenía conocimiento desde abril de este año de que el cronograma propuesto para implementar el nuevo modelo de expedición de pasaportes era inviable.
Este nuevo modelo contemplaba un acuerdo con la Casa de la Moneda de Portugal, cuya implementación dependía además de la capacidad operativa de la Imprenta Nacional, entidad que, según informes técnicos, no estaría en condiciones de asumir plenamente la impresión, personalización y distribución de los documentos.
Por su parte, el jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, también fue vinculado a la investigación por una supuesta extralimitación en sus funciones. De acuerdo con la Procuraduría, Saade habría impartido órdenes directas a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes, una tarea que no corresponde a su cargo.
Por qué es importante: Como parte del proceso investigativo, la Procuraduría ordenó una inspección a la Imprenta Nacional, con el fin de establecer si cuenta o no con la capacidad técnica y operativa necesaria para asumir la producción de pasaportes bajo los estándares requeridos.
Este paso será clave para determinar si hubo negligencia o falta de previsión por parte de los excancilleres al haber delegado en esta entidad una función de alta complejidad técnica sin la debida verificación de capacidades.
El caso de los pasaportes ha generado una tormenta política en el país. A comienzos de 2024, la controversia se avivó tras la decisión del entonces canciller Álvaro Leyva de declarar desierta la licitación que había ganado la firma Thomas Greg & Sons, alegando irregularidades. La disputa terminó en los estrados judiciales y derivó en la renuncia de Leyva y en la posterior crisis institucional en la Cancillería.
Ahora, con la apertura de esta nueva investigación, el proceso se vuelve aún más complejo y pone en entredicho la capacidad del Gobierno para garantizar un trámite esencial para millones de colombianos.
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