El Hecho: El exmagistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez, lidera una impugnación contra 33.000 mesas de votación tras denunciar irregularidades sistémicas y posible fraude en el escrutinio de la segunda vuelta.
¿Por qué es importante?: La denuncia cuestiona la legitimidad del proceso electoral y pone a prueba la transparencia institucional ante las acusaciones de adulteración de formularios E-14 y compra masiva de votos.
¿Cuál es el contexto?: A este 22 de junio de 2026, el equipo de Iván Cepeda alega falta de garantías en las comisiones escrutadoras y ha radicado pruebas ante la Fiscalía por el presunto coaccionamiento de electores.
¿A quiénes afecta y cómo?: Afecta la credibilidad del triunfo de Abelardo De La Espriella y a la Registraduría, exigiendo una intervención urgente de los organismos de control para validar o desestimar el conteo.
El dato que no se puede perder: Pérez afirma que existen evidencias de intervención en los precintos de seguridad de los formularios y actas, lo que sugiere una posible alteración de datos tras el diligenciamiento original.
El tablero electoral de la segunda vuelta presidencial atraviesa momentos de alta tensión. En una reciente intervención en Caracol Radio, el abogado y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez, denunció una serie de anomalías que, a su juicio, ponen en entredicho la transparencia de los resultados y justifican la impugnación de 33.000 mesas de votación, una iniciativa liderada junto al senador Iván Cepeda.
Para Pérez, no se trata de errores aislados, sino de un fenómeno sistémico. «Hay centenares de irregularidades, demasiadas», sostuvo el jurista, quien ha centralizado su denuncia en tres puntos críticos: formularios E-14 sin firmas, actas con firmas pero sin datos de votación, y una clara evidencia de adulteración en los documentos electorales.
Luis Guillermo Pérez denuncia anomalías y lidera impugnación de 33.000 mesas electorales
El exmagistrado puso el dedo en la llaga sobre la velocidad y el hermetismo de las comisiones escrutadoras. Según su testimonio, durante la noche posterior a la jornada electoral, se obstruyó el acceso de los apoderados de su equipo a las sesiones, impidiendo una fiscalización adecuada.
«Las comisiones están avanzando a una velocidad suprema. Si no tenemos a nuestros delegados ahí, se genera un manto de duda sobre el interés real de validar los resultados sin las garantías que exigen las audiencias públicas», afirmó. Pérez fue más allá al revelar que, tras una revisión técnica, encontraron que los «candados» (precintos de seguridad digitales o físicos de los formularios) fueron intervenidos, sugiriendo que la información contenida en los E-14 fue alterada después de su diligenciamiento original. Estas preocupaciones ya han sido trasladadas formalmente al Registrador Nacional del Estado Civil.
El discurso del abogado no se limitó a las fallas operativas. Pérez elevó el tono para denunciar lo que calificó como una «compra masiva de votos» en diversas regiones del país en favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella.
El exmagistrado confirmó que dichas pruebas fueron radicadas ante la Fiscalía General de la Nación, organismo al que exigió celeridad y contundencia. «Esperamos que la Fiscalía cumpla con su tarea ante la corrupción electoral y el coaccionamiento ilegal de electores. Ese es el gran reto que tiene nuestra democracia: superar las prácticas donde la voluntad ciudadana es comprada», sentenció.
Por qué es importante: Pese a la gravedad de las denuncias, Pérez hizo un alto para reivindicar la movilización ciudadana que respaldó al Pacto Histórico y a la «Alianza por la Vida». Destacó que más de 3,02 millones de votantes, sumando los apoyos obtenidos entre la primera y la segunda vuelta, emitieron un voto consciente, libre de presiones y ajeno a la maquinaria clientelista.
La impugnación de las 33.000 mesas no es, para el exmagistrado, una simple disputa numérica, sino un ejercicio de defensa de la legitimidad. Mientras el país aguarda el desenlace de estas reclamaciones, el caso se perfila como un pulso decisivo sobre la transparencia del sistema electoral colombiano y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
