Lupa a los recursos públicos: Tribunal ordena continuar juicio por convenio de pasaportes

A pesar de los intentos de la Cancillería por detener el proceso, la justicia administrativa ha decidido seguir adelante con el examen del convenio de cooperación técnica para la producción de pasaportes.

Foto: Redes sociales

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió mantener en firme la admisión de la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación contra el convenio suscrito para la producción de pasaportes en el país, en el que participan el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S.A. de Portugal.

En una decisión adoptada el 9 de marzo de 2026, el despacho del magistrado ponente José Élver Muñoz Barrera resolvió negar el recurso de reposición presentado por el Fondo Rotatorio de la Cancillería, con el que se buscaba revocar el auto que había admitido la demanda. Con esta determinación, el tribunal confirmó que el proceso judicial seguirá su curso.

Panorama general: La controversia judicial surge a partir de una acción presentada por la Procuraduría en ejercicio del medio de control de controversias contractuales. En ella, el órgano de control solicita la declaratoria de nulidad absoluta del convenio firmado el 28 de julio de 2025 entre las entidades involucradas.

El acuerdo tenía como objetivo establecer las reglas de cooperación para que la entidad portuguesa participara en la transferencia de conocimiento, implementación tecnológica y puesta en marcha del nuevo modelo de producción y personalización de pasaportes colombianos, así como de etiquetas de visa y otros documentos de viaje.

Según el expediente, el convenio también contemplaba la implementación en el país de un sistema para la producción y expedición de estos documentos oficiales, proceso que sería desarrollado con el acompañamiento técnico de la Casa da Moeda de Portugal.

Además de la nulidad del acuerdo, la Procuraduría solicitó que, en caso de prosperar la demanda, se ordene la restitución de los recursos que hayan sido pagados en virtud del convenio, junto con los intereses correspondientes.

Pasaportes en Colombia: Tribunal de Cundinamarca admite demanda de la Procuraduría

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El proceso fue admitido inicialmente por el tribunal mediante un auto del 20 de octubre de 2025, decisión que posteriormente fue confirmada y complementada mediante autos del 15 de diciembre de 2025.

Frente a esa decisión, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores interpuso un recurso de reposición, argumentando, entre otros puntos, cuestionamientos sobre la competencia del tribunal y la existencia de cláusulas que podrían remitir el conflicto a otros mecanismos de resolución.

Sin embargo, el despacho del magistrado Muñoz Barrera concluyó que esos argumentos no son procedentes en esta etapa procesal, pues ese tipo de discusiones deben plantearse mediante excepciones previas dentro del proceso y no a través de un recurso contra el auto admisorio de la demanda.

El tribunal también aclaró que no era exigible a la Procuraduría agotar un trámite de conciliación extrajudicial, debido a que el proceso fue promovido por el propio órgano de control en ejercicio de sus funciones de vigilancia preventiva de la función pública.

Por qué es importante: Tras analizar los argumentos, el tribunal resolvió no reponer el auto que admitió la demanda, lo que significa que la actuación judicial continuará en la jurisdicción contencioso administrativa.

La decisión deja en firme el inicio del proceso de nulidad del convenio, por lo que las partes deberán seguir participando en las etapas procesales correspondientes mientras el tribunal estudia el fondo del caso.

En términos prácticos, el fallo no define aún la legalidad del convenio, pero confirma que la demanda cumple con los requisitos para ser tramitada y analizada por la justicia administrativa.

De esta manera, el litigio sobre el acuerdo para la producción de pasaportes en Colombia continuará su curso judicial, en medio de un debate que involucra aspectos contractuales, institucionales y de control sobre la contratación pública.

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