Como lo han hecho otros organismos e instituciones internacionales, la Unesco hizo un llamado para que los países de ingresos bajos puedan acceder a vacunas contra el Covid-19 de manera equitativa y no sean acaparadas por los países más desarrollados.
Por: Redacción 360 Radio
Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, recordó a través de un comunicado que más de 130 países aún no han recibido ni una sola dosis de los diferentes preparados y que allí «los más vulnerables no están protegidos».
Mencionó también que aunque algunas naciones ya han vacunado a millones de sus habitantes y el mundo está avanzando en medio de la esperanza, inmunizar a la gente no será del todo un éxito “sin solidaridad”, sin tener en cuenta a los países excluidos.
El Comité Internacional de Bioética de la Unesco y su Comisión Mundial de Ética de Conocimientos y Tecnológicos propone que se generen cambios en las estrategias de vacunación, puesto que las dosis son consideradas bienes públicos mundiales y, por tanto, deben ponerse a disposición de todos.
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Aunque hemos oído estos llamados de atención hace ya varios meses, hoy se hace evidente la importancia de que se pongan en marcha. Según recordó la OMS, hay países ricos que han negociado no solo el doble o el triple sino el cinco veces más vacunas de las que necesitan para inmunizar a sus habitantes, mientras que a muchos países no llegarán ni siquiera este año.
«No erradicaremos la pandemia en ningún sitio si no la erradicamos de todas partes», dijo Tredos Adhanom, director general de la OMS y explicó que tener a todas las personas en cuenta es vital para controlar la pandemia, restaurar la economía y generar confianza.
Estos líderes mencionaron que las farmacéuticas también deberían compartir la propiedad intelectual de las vacunas por “responsabilidad”, con el fin de que estas también sean fabricadas en otros países y sea más probable que se suministren de forma “universal”.
Azoulay y Tredos señalaron también que la vacuna no debe ser obligatoria y que la no aplicación de la misma no debe impedir el acceso a los derechos fundamentales de las personas, sobre todo los que tienen que ver con el empleo y la sanidad.