La reciente decisión del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular para salvar la reforma laboral ha abierto un nuevo debate sobre su viabilidad financiera y legal. Desde el punto de vista de Hacienda, una consulta de esta magnitud representaría una carga presupuestaria significativa, en un contexto donde las finanzas públicas ya enfrentan presiones considerables.
Además, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá evaluar la viabilidad técnica y logística de llevar a cabo una consulta en un plazo relativamente corto, lo que podría generar desafíos administrativos y políticos.
A esto se suma la pregunta clave: ¿existe realmente un respaldo ciudadano suficiente para justificar este mecanismo, o podría terminar convirtiéndose en un ejercicio costoso con baja participación y escaso impacto real?
Desafortunadamente, la reforma laboral no fue analizada en términos de competitividad con otros países. Los promotores de la ley no consideraron que las relaciones laborales han evolucionado y que las empresas colombianas no solo compiten en el mercado local, sino también en los mercados regionales y globales. Para comprender mejor sus efectos, es necesario evaluar la situación en otros países.
La jornada nocturna se extendería desde las 7:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., aumentando en dos horas el recargo nocturno. Este cambio impactará especialmente a las empresas productivas que operan en varios turnos.
Aunque los sindicatos consideran esta medida como una restitución de derechos, en otros países la regulación es diferente: en México la jornada nocturna inicia a las 8:00 p. m., mientras que en Perú y Chile comienza a las 10:00 p. m.
El pago del recargo por laborar en días de descanso obligatorio aumentará del 75% al 100%. Si bien en Perú también se paga el 100%, en México y Chile este recargo es del 25% y 30%, respectivamente.
Un factor adicional a considerar es la cantidad de días festivos en Colombia, que asciende a 17, frente a los 7 de México, 13 de Chile y 13 de Perú. Esta diferencia encarece aún más los costos laborales en el país.
La licencia de paternidad se ampliará a cuatro semanas, con un incremento gradual en su implementación. Comparativamente, en México y Chile la licencia es de 5 días hábiles y en Perú de 10 días.
Este cambio no solo afectará a las empresas, sino también al sistema de salud, que asume una parte significativa de los costos asociados.
El contrato de aprendizaje será transformado en un contrato de trabajo, lo que implicará el pago de prestaciones sociales y un salario mínimo mensual vigente. Durante la etapa lectiva, el aprendiz recibirá el 60% del salario mínimo y en la etapa práctica el 100%.
En consecuencia, el costo de contratar un aprendiz en etapa productiva ascenderá a aproximadamente $2.270.000 mensuales en 2025, lo que representa un aumento del 87% para las empresas.
Asimismo, la cuota de monetización para las empresas que no contraten aprendices o no los encuentren aumentará a 1.5 SMLMV por cada aprendiz no contratado (cerca de $2.138.000).
En contraste, en Chile los empleadores reciben un incentivo gubernamental equivalente al 50% del salario mínimo por contratar aprendices, mientras que en Perú se exige el pago del salario mínimo solo en la etapa productiva.
Aunque este cambio no forma parte de la reforma laboral ni del actual gobierno, la jornada laboral semanal se está reduciendo progresivamente y, para julio de 2026, quedará en 42 horas. Esta disminución tendrá un impacto significativo en los costos laborales, encareciendo la hora ordinaria, las horas extras y los recargos.
En comparación, la jornada laboral en México y Perú es de 48 horas, y en Chile de 45, aunque en estos países también se está discutiendo una posible reducción.
Si bien la reforma trae costos adicionales, también introduce medidas que buscan fortalecer la estabilidad y el bienestar de los trabajadores, como la reducción de la contratación por prestación de servicios en actividades misionales y limitaciones al uso de contratos a término fijo, promoviendo vínculos laborales más estables.
Además, busca incentivar la formalización del empleo, lo que podría traducirse en una mayor protección social y en mejores condiciones para los trabajadores a largo plazo.
Otro aspecto que destacar es la ampliación de la protección para sectores vulnerables, como las trabajadoras del hogar y los trabajadores de plataformas digitales, quienes históricamente han enfrentado condiciones de informalidad laboral.
Si se aprueba la reforma laboral en los términos actuales, no contribuirá a la reducción del desempleo. En cambio, aumentará de manera significativa los costos laborales para las empresas, reduciendo la competitividad del país frente a otras economías de la región y fomentando la informalidad laboral.
Es importante recordar que el empleo formal es una fuente clave de ingresos para los sistemas de pensiones y salud en Colombia. La aprobación de esta reforma podría tener repercusiones que no solo afectarán a las empresas, sino también a la estabilidad económica y social del país.
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